Sobre la justicia o injusticia de la decisión del Procurador en contra del alcalde Gustavo Petro se ha escrito y hablado mucho y así seguirá sucediendo. Eso está bien porque la deliberación pública es uno de los ejercicios más sanos que puede tener una democracia. Yo mismo he escrito sobre el tema, espero que con sensatez.
Estoy en total desacuerdo con que el éxito de las negociaciones esté condicionado a hechos externos sobrevinientes, como la decisión contra Petro en este caso. No es fácil mantener los diálogos en esa suerte de urna o coraza, pero, con base en fallidas experiencias anteriores, por fortuna esa fue una de las reglas establecidas al inicio aunque muchos la critiquen, y así se han venido desarrollando las conversaciones.
Ni los ataques y muertes que se han presentado durante este tiempo ni las diatribas absurdas de los jefes de las Farc ni las continuas andanadas de quienes se oponen al proceso han impedido su avance, para que ahora la destitución del alcalde Petro se convierta en una amenaza.
Suena a chantaje: "o alguien revoca esta medida o se acaba el proceso porque entonces lo mismo les va a suceder a los integrantes de las Farc cuando ingresen a la institucionalidad", para resumir en mis palabras lo que se ha dicho por algunos, empezando por el propio Petro y terminando por los jefes de las Farc.
No y no. Claro que en este revoltijo de país y con tantos intereses de varios lados eso puede pasar, e incluso a los posibles desmovilizados de las guerrillas les puede suceder lo mismo que a los miembros de la UP. Pueden pasar decenas de cosas que den al traste con lo que se acuerde en La Habana, pero poner el caso concreto de Petro como posibilidad general es absurda y torpe.
Es además muy peligroso para la democracia e inequitativo dar a entender veladamente que a los desmovilizados los debe cobijar un régimen especial diferente al de los demás funcionarios y políticos. Tampoco y ni más faltaba. Algunos de buena gana y otros a regañadientes estamos dispuestos a perdonar, a aceptar que los miembros de las Farc entren a competir electoralmente e incluso a que se les den cargos de manera directa, pero de ninguna manera -al menos en mi caso- aceptamos que a sus actuaciones como servidores públicos se les aplique un régimen legal diferente.
Es que con el caso de Petro eso ha sucedido: resulta que cientos de alcaldes y funcionarios de diversa índole han sido destituidos o sancionados justa e injustamente, y como no pertenecieron a ningún grupo armado entonces sobre ellos sí pueden recaer medidas como las que recayeron sobre Petro, lo cual es a todas luces injusto e inequitativo.
Negociar la paz y entrar a la democracia implica someterse a todas las normas justas y también injustas, implica sufrir las vilezas a que por desgracia están expuestos los funcionarios públicos por el hecho de serlo como pasa en todo el mundo. Pero es inadmisible que haya políticos de categoría especial -casi que con un fuero- porque qué miedo que de pronto vuelvan a la guerrilla. No puede ser que entren al Estado de Derecho con beneficio de inventario, por imperfecta que sea la Constitución que lo enmarca.
Si hay normas o procedimientos abusivos e injustos pues hay que derogar esas normas y corregir y sancionar esos procedimientos, pero que sea para todos: exguerrilleros y no exguerrilleros, y políticos de izquierda, centro y derecha. Igualdad ante la ley es un clamor histórico en Colombia, lo reclama Petro y lo reclaman en La Habana con sobrada razón. Las leyes justas y las injustas no pueden dejar de aplicarse a quienes más griten, a quienes tengan mayor respaldo político, a quienes puedan usar la fuerza o a quienes tengan ciertos cargos.