Hay una tesis en defensa del ya exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que ha pasado un poco agazapada pero que contiene una carga conceptual de delicado manejo que es conveniente desactivar. Esta no pone en duda las facultades del Procurador ni le otorga rasgo alguno de subjetividad a la descalificación que hace la Procuraduría de una política cualquiera, como el cambio en el esquema de recolección de basuras, sino que va al almendrón del asunto, sugiriendo que no se puede castigar a quien "piensa distinto" por cuanto es un atentado contra el "pluralismo político".
Es decir, esta tesis no pretende siquiera acusar al Procurador de sectario, solo aduce que la ley no se les puede aplicar a quienes representan corrientes de pensamiento distintas a las del establecimiento, y que tal excepción está respaldada con argumentos filosóficos, como el mencionado pluralismo.
Mejor dicho, quienes defienden esta tesis ni siquiera intimidan con repetir violencias, asimilando este caso al magnicidio de Gaitán o al fraude en contra de Rojas Pinilla, sino que tratan de cimentar un principio moral desde un raciocinio pacifista, tranquilizador y amigable, que procura hacernos creer que las reglas de la democracia se pueden cambiar cuando no nos gusten posando de Mandelas martirizados.
Por supuesto, esta teoría suena razonable en una época en la que ha hecho carrera un exacerbamiento de la corrección política, en la que por tratar de evitar cualquier tipo de discriminación se cae en absurdos como el lenguaje incluyente -"millones y millonas"- y en la que se intenta poner en práctica la denominada 'discriminación positiva' con el propósito de ejercer políticas de inclusión que se convierten a menudo en agresiones contra las mayorías.
Con todo ello se pretende argumentar que el país está necesitado de una 'democratización real' que pasa por aceptar o legitimar las ideas de quienes piensan 'distinto', cuando la característica básica de la democracia es que las mayorías determinan un marco legal de actuación dentro del cual se deben mover todos los individuos y que por más amplio que ese marco sea -y, por tanto, más incluyente- tiene límites que deben respetarse, y no puede admitir políticas contrapuestas por cuanto ello vulnera su permanencia.
Aunque suene muy bonito, muy fraterno, muy conciliador, no se puede concebir que un funcionario que 'piensa distinto', como Gustavo Petro, pueda implementar políticas que se oponen a las normas legales y que, por si fuera poco, enmascaran un modelo político, económico y social opuesto al que las mayorías han aceptado solo porque parece loable tener un país 'variopinto' donde caben toda clase de 'ideas diversas'.
Aquellos compañeros de ruta sostienen que inhabilitar a Petro por 15 años es inhabilitar a las 750.000 personas que votaron por él. ¡Vaya! Si con el mismo ahínco se defendiera la idea de que cambiar las promesas de campaña por las que votamos 9 millones de electores es una alta traición a la democracia de este país, hasta se podría creer en esa defensa que hacen de Petro, pero nadie puede ser excusado de sus faltas pasando por encima de la Constitución y la Ley.
Es así de simple. Y ese es un principio rector que favorece, básicamente, a las minorías, impidiendo que sean atropelladas.
Hay algo que estas personas deben entender y es el hecho de que no todas las ideas son válidas, no cualquier idea es admisible. No se puede abrir la puerta a cualquier idea en aras de una supuesta y pretendida diversidad con el cuento de crear una sociedad en la que 'quepamos todos'. Muchas de las 'ideas diferentes' de las mentes 'progresistas' no encarnan más que abusos en contra de terceros que terminan como víctimas por no hacer parte de colectivos con capacidad de meter miedo.
No es raro, por ejemplo, que quienes defienden obcecadamente los derechos de los animales y se oponen a la tala de árboles, preconicen el aborto en todos los casos. Ser antitaurino y ecologista sedicente, al tiempo que se es proabortista, constituye una contradicción en los términos, una incoherencia insalvable.
Esa es una muestra de que pensar distinto no es, per se, un mecanismo de progreso y armonía para la sociedad, sino que puede ser un gran peligro del que las democracias, como mecanismo de autoconservación, han sabido desconfiar.
En el fondo, esta teoría apela a lo mismo que las otras, solo que soterradamente. Todo concluye en el mismo chantaje de que si no se admiten las 'ideas distintas', las minorías terminarán comportándose como una jauría de bestias rabiosas, conminación que resulta, a todas luces, inaceptable.