En Colombia parece que existieran tres tipos de justicia. La de algunos medios de comunicación, la de los organismos internacionales y la nuestra. Por lo menos, así lo vimos en el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El grado de intromisión fue tal, que por un momento llegamos a pensar que este era un país de nadie y sin gobernabilidad. Claramente, al Gobierno le ha faltado carácter y determinación frente a estos actores desestabilizadores de nuestra democracia e institucionalidad.
Lo más triste y vergonzoso de este episodio fue el oso que protagonizaron el Fiscal y el Ministro de Justicia por precipitarse en sus decisiones. Ya lo habían hecho antes con la Contralora. Dice el proverbio "uno no debe hablar mal del puente, hasta haber cruzado el río".
Lo más indignante e irrespetuoso fue la intromisión del delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland y del director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien se ha convertido en el fustigador más grande de nuestras instituciones. Ahora resulta que la administración de justicia en Colombia, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, tienen que actuar como lo ordenen estos señores.
Pues están equivocados, las decisiones de los órganos de control y judiciales en Colombia solo deben estar sustentadas en nuestra Constitución y sin distingo de ideología alguna. Al alcalde Gustavo Petro no se le puede dar un tratamiento preferencial frente a los 18 gobernadores, 23 congresistas y más de 800 alcaldes destituidos por la Procuraduría por haber infringido el código disciplinario.
A otro que se les fueron las luces, fue al nuevo embajador de los Estados Unidos Kevin Whitaker. Sus declaraciones cayeron como una baldado de agua fría. Asegurar que la destitución del alcalde de Bogotá "podría erosionar" el proceso de paz con las Farc es una abierta intromisión en los asuntos internos del país.
Es como si el embajador Luis Carlos Villegas hubiese llegado a Washington censurando (sin tener pruebas) las presuntas chuzadas que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA), aparentemente realizó a presidentes extranjeros. Creo que esas maletas se las hubieran puesto al día siguiente en Bogotá y a esta hora estaría corriéndole la butaca al presidente de la Federación de Cafeteros o al Ministro de Agricultura.
Respecto a este tema, ha llamado mucho la atención en los gremios de la producción agropecuaria el hecho de que los consultores Yesid Reyes y Álvaro Balcázar (este último pagado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -Usaid-), hayan viajado esta semana a La Habana supuestamente a redactar con los negociadores de las Farc, el nuevo proyecto de "ley de baldíos" (el que le hicieron retirar al ministro Lizarralde), el esquema de funcionamiento del "Fondo de Tierras" (conformado por fincas provenientes de latifundios improductivos o inadecuamente explotados) y el texto de la propuesta inicial de las Farc de establecer 59 zonas de reservas campesinas que abarcan una superficie cercana a los 9 millones de hectáreas.
Vaya uno a saber, si estas intromisiones fueron toleradas por el Gobierno.
P/D: El Gobierno Nacional debería delegar en el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, el problema de los altos precios de los agroinsumos.