La destitución de Petro nos debe poner a pensar en muchas cosas a los colombianos. Algunas de más fondo sin restarle jamás y de ninguna manera importancia al hecho en sí. Profundizar por ejemplo sobre nuestras normas jurídicas, sobre todas las que tenemos vigentes, de diferentes rangos, temas, especies, colores, sabores y olores.
Seguimos alardeando sobre aquello de que somos un país de leyes como si esa fuera la gran virtud, que quizá lo debería ser en oposición a las armas que circulan y a la violencia que nos mata porque se diría que frente a un arma una ley y que frente a un acto violento el cumplimiento de una ley pero no hay tal.
Por el contrario, en muchas ocasiones las leyes y su cumplimiento en vez de ser una forma civilizada de dirimir nuestras diferencias y de buscar la justicia se han convertido en causantes de injusticias, de desorden y de violencias. Es que con ese fetichismo histórico de hacer leyes por todo y para todo volvimos este país una maraña de normas que nos hace imposible vivir y que tenemos que estar detectando, conociendo y desbrozando para poder caminar y hacer cualquier cosa.
Las normas para destituir a Petro estaban ahí, cerquita, vivas, hibernando, y jamás nadie se atrevió a modificarlas o derogarlas pese a destituciones como las de Alonso Salazar y muchos otros funcionarios. Estaban, están aún ahí artículos 277 y 278 de la Constitución de 1991; empotrados en esa Constitución cuantitativa que paradójicamente fue construida para sellar el proceso de paz con el M-19.
Ahí estaba la espada lista para ser desenfundada y usada con el motivo que fuera -ya había penetrado otras carnes con menor ruido-. Y lo peor es que en el mismo libro gordo hay muchas otras espadas conocidas y por encontrar, y no solo en esa Constitución sino en miles de hojas y archivos en ropa de leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos. Vivimos en un terrorífico cuarto de afiladas espadas y entre ellas nos tenemos que mover y trabajar o simplemente caminar por la calle o estar bajo el techo de nuestra casa, con el peligro adicional de que ante su constante cambio y feraz fluir podemos sin percatarnos y de sopetón quedar metidos en los códigos penal o disciplinario o violando algo sin saber qué daño hicimos o a quién.
El riesgo de vivir en Colombia amenazados por esas espadas-leyes disminuye nuestra calidad de vida porque esa sí es la inseguridad jurídica. Vivir en un ostentoso "país de leyes" y de firmas y de fotocopias ampliadas y huellas dactilares es un peligro que a veces deriva en tragedias personales y sociales. "Las armas os han dado la independencia y las leyes os darán la libertad", dijo Santander pero luego de casi 200 años ni las armas ni las leyes nos han dado las independencias ni la libertad aunque sea para ser un país digno y para nosotros vivir dignamente en nuestro propio país.
Hay leyes de todo tipo, muchísimas justas y necesarias pero que en primer lugar las debemos conocer todos porque eso sí que sería democracia, y en segundo lugar las debemos cumplir porque eso sería ejercer democracia. Pero hay también leyes injustas o inanes y en primer y último lugar las debemos quemar en una pira y ya.
Urgente depurar nuestro desván jurídico y también la biblioteca de la sala. Sí, subir allí, barrer, esculcar, desempolvar, clasificar, escoger las leyes justas, desechar las injustas y vanas y quedarnos solo con algún número de leyes útiles cuantificable con aritmética mínima para que podamos conocerlas e intimar con ellas y así sea sensato que su ignorancia no nos sirva de excusa y no nos cojan a mansalva esas que se quedan por ahí camufladas o en los rincones o escondidas en las cartucheras de sus autores prestas a ser desenfundadas a su conveniencia.
So pretexto de los pícaros toda Colombia vive bajo un permanente terror legal producto de una orgía jurídica desatada en una misa negra, satánica, celebrada por inquisidores y brujas que se mezclan en una mortal pócima por aquello de los extremos que se atraen, juntan y forman un solo demonio.
Eso, un exorcismo legal y no político es lo que requerimos para empezar.