Ya calmados, hablemos del Procurador

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Jesús Dulce Hernández

Jesús Dulce Hernández

Columna: Anaquel

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Luego de la ebullición causada por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y aun expectantes frente a la movilización convocada por él mismo para este viernes 13 de diciembre, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el tema.

Lo primero es, no nos digamos mentiras, que el descontento del 63% de la gente (según encuesta del Centro Nacional de Consultoría) no está fundamentado tanto en la destitución de Petro como en el rechazo a las potestades que hoy tiene la figura del Procurador General de la Nación. Atribuciones además que fueron dadas por la Constitución y la ley, valga decirlo, con visto bueno también de Gustavo Petro.

Lo segundo, en esto voy a hacer de abogado del diablo (osea de Ordoñez), también es cierto que esas potestades han servido para que la Procuraduría haya inhabilitado desde el 2009 a 800 mandatarios locales y 22 congresistas, dando con ello un supuesto ejemplo de castigo por sus malas gestiones, vínculos con grupos ilegales, detrimento patrimonial, entre otros.

Estas sanciones han servido, más allá de los intereses políticos que tenga el señor procurador en cada una de ellas, para hacer notar que aquello que no es capaz de hacer la ciudadanía manifestando su inconformidad e impotencia ante la corrupción desmedida de los mandatarios que ella misma ha elegido, lo asume entonces alguien: no el Presidente, no la justicia penal ordinaria, no los ciudadanos, no los medios de comunicación, sino él, el señor procurador, alabado sea.

Vestido de gala con ese discurso, este personaje ha venido inyectando en la población un sabor de omnipotencia y de "verdad" según el cual pretende que los colombianos asuman que todo lo que hace y dice es justo, probo y verdadero.

Pero no. Cuando uno analiza de cerca las motivaciones, las maneras, los caminos utilizados por la Procuraduría en el desarrollo de sus políticas (curiosamente tiene políticas) encuentra que lo que hay en el fondo es una desnaturalización de la entidad.

No hay que olvidar que la Constitución en su artículo segundo reza: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Así las cosas, cuando el sanctus Procurador ordena en nombre de la Iglesia, arremeter contra los médicos que practican el aborto con justa causa, cuando ordena perseguir a las minorías sexuales que luchan por un derecho legítimo a la igualdad social y ante la ley, cuando persigue a los mandatarios que tienen un credo político distinto al suyo, cuando simplemente los colombianos a los cuales él se debe no actúan como él, ni quieren ser él, ni creen en él; cuando eso sucede, no queda otra cosa que preguntarse ¿es esa la autoridad que el constituyente quiso darle a un solo funcionario? ¿le dimos potestades al Congreso para que eligiera en el Ministerio Público a alguien que vele por el Ministerio privado de la iglesia e imponga su visión del mundo?

Hace poco escribí en twitter diciendo que la elección de Ordoñez era el retroceso más grande que este país ha sufrido en los últimos 20 años y hoy lo sostengo. Mientras el mundo y hasta países vecinos avanzan con democracias incluyentes en las que el Estado vela realmente por las necesidades, derechos y libertades de su población, en Colombia estamos regresando al modelo inquisitorial leguleyo y a la nefasta noche septembrina en la que, cagados del frío, sacamos corriendo a Bolívar para que nunca regresara.

Señores congresistas: a cambiar de nuevo la Constitución.

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