La reforma a la salud: de Islandia a Colombia

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



"Si queremos que todo siga igual es necesario que cambie", señala el gobierno en su nefasta "reforma a la salud". Gatopardismo, dicen los estudiosos de la política para señalar a quienes realizan transformaciones "revolucionarias" dejando intencionalmente intacto el fondo del asunto; solo modifican las formas. El país real asiste ofendido al grotesco espectáculo de una "reforma a la salud" que empeorará el actual sistema en favor de aquellos que lo liquidaron; en contravía a la lógica, nuestros gobernantes se ponen del lado equivocado.

En 2008, tras la crisis económica, la justicia de Islandia puso tras las rejas a los mandatarios corruptos y banqueros irresponsables que propiciaron la quiebra del país. Se redactó una nueva constitución política y el crecimiento económico se situó de inmediato por encima del promedio de la zona euro. No hubo una sola gota de sangre; únicamente la firme aplicación de la justicia verdadera, es decir, condenar a los culpables y proteger a las víctimas. En Colombia, hacia 2002, la banca fue rescatada gracias al dinero de todos los ciudadanos con el famoso 2x1000 que pronto terminó duplicado; en agradecida respuesta, ahora la banca esquilma sin compasión a sus víctimas -los "clientes" del sistema- con la anuencia del Estado, que no muestra acciones concretas para detener tal barbaridad; no protege a sus ciudadanos como corresponde.

La quiebra de la salud en Colombia se debe a una ley mal concebida y peor ejecutada, a la cual se le agregaron algunos imprevistos como cambios en la economía, desempleo e informalidad, desorden, desgreño y corrupción, entre otros muchos. Entonces, el gobierno "castiga" los culpables, ¡y de qué manera! Con la ley ordinaria, el gobierno (la polítiquería) manejará más de 30 billones de pesos cada año. Las EPS, que adeudan más de 4 billones a las IPS, fortalecen su poder y, a dedocracia, señalarán a los actores del sistema rosquero mientras el dinero del aportante a la salud seguirá invertido en donde no corresponde; todo cambiará pero seguiremos igual. Mientras tanto, las IPS y los trabajadores, con ingresos cada vez más menguados, deben enfrentarse a caprichosas normas, exigentes y costosas, ejecutadas con frecuencia por funcionarios sin la experiencia ni los fundamentos científicos suficientes. Al final, el gran perjudicado va a ser el paciente.

El proyecto de ley ordinaria presentado por el gobierno olímpicamente desconoce todo lo acordado con el sector salud y se fue por la ley estatutaria, a la cual literalmente le mamaron gallo, pues la primera es traje hecho a la medida de los defraudadores del sistema mientras que la segunda, garantista del derecho fundamental a la salud, fue víctima de una "operación tortuga" para sacarla por la puerta de atrás lánguidamente.

El arrogante ministro de salud, un economista que solo ve cifras, no tiene la menor idea del drama de los profesionales de la salud, degradados a partir de la ley 100/93 por cuenta de los depredadores del sistema, llevados a las cooperativas de trabajo asociado, con pagos inadecuados que no guardan relación la inversión en su formación; les corresponde trabajar en horarios nocturnos y días festivos sin los respectivos recargos (gracias a las reformas laborales, pensionales y tributarias del anterior gobierno), y un largo etcétera adicional que merecería un debate nacional muy serio. En la teoría, la ley ordinaria pretende garantizar los derechos del paciente mediante control a los actores desde el gobierno mismo: ¿el ratón cuidando el queso?

Partes sensibles de la reforma lampedusiana del actual gobierno son la intermediación, el incremento de la integración vertical y la educación médica de postgrado, principalmente. Mientras los actores del sector salud proponen acabar con la intermediación, los legisladores la fortalecen. La integración vertical, diseñada para contener costos y reducir el gasto de la EPS, degrada seriamente a la profesión médica, gracias a las barreras de acceso a los pacientes, selección adversa y control de formulación y exámenes diagnósticos; en otras palabras, intervención inadmisible en el acto médico y la relación médico-paciente. Y, la perla mayor: pretender que los hospitales y clínicas formen especialistas a la guacha panda sin control académico ni intervención del Ministerio de Educación, y todo como consecuencia de quitarles competencias resolutivas a los médicos generales. Los Estados Unidos, referente mundial en materia sanitaria, hace cerca de un siglo tuvo esa experiencia adversa con muchos profesionales de pésima calidad egresados de los centros hospitalarios sin respaldo universitario, por lo cual las autoridades sanitarias y educativas intervinieron para entregarle la formación de médicos y especialistas a la academia con el debido control de las autoridades educativas. Los resultados saltan a la vista; acá, todo lo copiamos tarde y bastante mal.

Para profundizar en estos razonamientos, hay que cotejar la actual ley 100 con todos sus remiendos y barrabasadas contra la ley ordinaria aprobada y el proyecto de ley estatutaria. La historia reciente también es elocuente, especialmente en la parte judicial.