Motivado por los paros agrarios y el reclamo del director de Corpoica a una de mis columnas, decidí irme el pasado fin de semana al sur del Atlántico a investigar como estaban los campesinos de los municipios de Santa Lucia, Suan, Campo de la Cruz, Candelaria y Manatí, tres años después de la tragedia que sufrieron por la inundación ocasionada por el rompimiento del canal del Dique.
Decidí empezar la jornada de trabajo recorriendo la zona rural del municipio de Santa Lucia. Allí me esperaban Nelson Conrado (director de la Umata) y el líder campesino Norman Polo, quienes me pusieron al tanto de la tragedia que han padecido en estos tres años. No tanto por los estragos que dejó la inundación, sino por el tortuoso e inoperante esquema de apoyo que han recibido por parte de los organismos que administran los recursos de ayuda de la Nación.
Llegamos a la finca Villa Laudit (km 7 de la vía Santa Lucia-Calamar) de propiedad de Augusto Rojano, un campesino con las manos y el rostro curtido de tanto tirar machete y recibir sol. Allí encontramos sembradas una hectárea de plátano en pésimas condiciones, otra de yuca llena de raíz, 50 palos de mango pasmados, 5 naranjos y 10 árboles de limón enfermos y 30 papayos. Le pregunté porqué estaban en tan malas condiciones los cultivos y me respondió que Corpoica les entregó las semillas en noviembre, plena época de verano (no cae ni un estornudo) y nunca recibieron asistencia técnica. La pobreza es de tal magnitud, que los campesinos no alcanzan a tener ingresos superiores a los $150.000 mensuales. Lo peor del cuento es que tienen un distrito de riego que pasa por sus fincas, pero el Incoder no le ha dado la gana de ponerlo a operar.
No hay derecho que jueguen con la desgracia ajena. En la carta que envió Juan Lucas Restrepo (director de Corpoica) a este medio, afirma que el año pasado entregó 635.000 semillas de yuca, 150.000 arboles de mango, guayaba y cítricos, instalaron 174 hectáreas de sistema silvo pastoriles, otorgaron 4.000 kg de pastos e instalaron cercas eléctricas a unas 600 familias campesinas. Yo no vi nada. El Procurador Alejandro Ordoñez y la Contralora Sandra Morelli, deberían echarse una pasadita por estas poblaciones para que evidencien esos tristes testimonios.
Para corregir estas ineficiencias es necesario que en Colombia se instituya un Plan de Ordenamiento Territorial para el agro, una herramienta básica de planificación y acción administrativa para forjar los objetivos de desarrollo agropecuario, ambiental y socio económico de los departamentos y la población rural. Se trata pues, de adicionar un articulo a la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) y al Decreto Reglamentario 4002 de 2004, en donde se establezcan unas condiciones, requisitos y procedimientos sobre los usos de los suelos. Con esta herramienta la alcaldía de Santa Lucia por ejemplo, le puede dar información a Augusto Rojano, respecto al clima, suelo, temperatura, cultivos que se pueden desarrollar competitivamente, manejo fitosanitario y empresas que le pueden comprar su producto. Además de reducir en tiempo y recursos los créditos bancarios.
Y ¿cuáles son las ventajas el gobierno local y nacional? Los Gobernadores podrán planificar que cultivos, cuanta superficie y en que zonas deben desarrollarse los proyectos productivos, priorizar la inversión en vías terciarias, definir las zonas agro-industriales, los Centros de acopio y las Escuelas de Emprendimiento Rural.
Por su parte el Gobierno Nacional, direcciona mejor los presupuestos de inversión para el sector y reduce su contribución económica, ya que solo subvenciona a aquellos productores del campo que verdaderamente desean gestionar de forma profesional y empresarial sus explotaciones agrícolas y ganadera. En fin, es un gana-gana para todos.