Gran parte de los colombianos están desorientados acerca de lo que es la actividad agropecuaria de nuestro país. Ellos perciben al campo como un sector poco tecnificado, que abusa de los subsidios del Estado y generador de violencia.
Los trabajadores del campo se enfrentan todos los días a tres variables de alto riesgo: el clima, los mercados y la política.
Los dos primeros afectan tanto a los paperos de Boyacá como a los granjeros de los Estados Unidos y a los chacareros de la pampa argentina. La política también, pero en la medida en que haya políticas coherentes, consistentes y de largo plazo, el riesgo se mitiga. El problema es que en Colombia esas no existen.
Se ha puesto crítico en los últimos tres años porque la interpretación del Gobierno fue que para cuidar los tres platos de comida de los colombianos había que firmar todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) que fuesen necesarios, sin importar las desventajas competitivas de nuestros productores. Esto ha dado pie a la importación de miles de toneladas de alimentos subsidiados a precios de huevo, teniendo como consecuencia inmediata la quiebra de miles de nuestros campesinos.
Para rematar, desde el Ministerio en vez de incentivar las inversiones, promover la trasferencia de tecnología y aumentar la producción, hay un serio enfrentamiento con gremios, empresarios y productores del agro, cuando lo lógico sería trabajar de la mano. Además, por falta de coherencia (o conocimiento) se armó un despelote jurídico sobre la tenencia de la tierra, con lo cual ha paralizado la inversión en el campo. Entretanto, países como Brasil, Argentina, Chile y Perú promueven grandes proyectos de biocombustibles, cereales y carnes para exportar a buenos precios a países como la China, India y Europa.
Como los actuales congresistas van a estar muy ocupados en los próximos siete meses buscando votos para reelegirse y el Ministro de Agricultura estará atareado repartiendo subsidios para atajar paros, es procedente que los dirigentes gremiales, la academia y los empresarios del campo iniciemos un trabajo de evaluación y definición a acerca de lo que demanda el mundo agrario para configurar unos lineamientos de política de Estado para el sector agropecuario.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que para 2020 la población colombiana estará alrededor de los 50 millones de habitantes (20% en la región Caribe), debemos comenzar por preguntarnos: ¿qué y cuanta agricultura necesitamos, si pretendemos incentivar la producción agropecuaria y atender la demanda interna y externa de alimentos? ¿Cuáles deben ser las zonas de producción?, ¿cuáles deben ser los instrumentos y programas idóneos para alcanzar los objetivos definidos? y ¿cuál debe ser el presupuesto de inversión que demanda de la Nación?
Otro ejercicio que debemos iniciar paralelamente, son los estudios económicos y técnicos para echar a andar las Escuelas de Emprendimiento Rural (de vital importancia en el avance de la investigación agrícola y en la enseñanza de sucesivas generaciones), un Sistema Nacional de Canales de Irrigación (que proporcione agua a precios subsidiados a los ganaderos y agricultores), una Entidad Estatal de Infraestructura Rural, recuperar y fortalecer el transporte ferroviario, mayor inversión pública en investigación y desarrollo, fijar una política diferencial de tarifas de energía rural, promover los biocombustibles y el incentivo a la agricultura familiar.
Como decía Confucio: "Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes".
P/D: Los congresistas de la Comisión Quinta de Senado y Cámara deberían dedicarle más tiempo al estudio de la problemática del sector agropecuario del país. Dan vergüenza esos debates.