Negociando en una vía

A la final, emitirán otro "informe conjunto", para comunicar las nuevas imposiciones de la guerrilla -esta vez en "participación política"-. Todo a cambio de nada, tal como ocurrió con el "acuerdo agrario". El panorama es preocupante. El Gobierno dilapidó el poder que le otorgaba la victoria en la lucha narcoterrorista y ahora es él quien pide concesiones a la guerrilla.

Para las Farc, la negociación no es un medio para alcanzar la política. Es un fin en sí mismo, que comulga con el "uso de todas las formas de lucha", para conseguir el poder absoluto. Ya supuestamente concretó el "asunto de la tierra", con una propuesta expropiatoria y reforma agraria incluida. Un protocolo que el Gobierno avaló sin mayores explicaciones, comprometiendo el futuro agropecuario, la vida de los pobladores del campo, la propiedad privada y el desarrollo rural. Es mucho lo que el Gobierno pretende entregar según los textos divulgados.

Pero ¿cuánto más podría ceder, en su búsqueda por el "Acuerdo final para la terminación del conflicto"? Entre las "salvedades" del acuerdo agrario y los puntos que restan por negociar, todo puede pasar. Basta analizar las estrafalarias demandas para la "participación política". Comprenden reestructurar el Estado de Derecho y los poderes públicos, incluida una reforma político-electoral. Los objetivos: redefinir los mecanismos de participación política, modificar el Poder Legislativo -mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituiría la Cámara de Representantes-, otorgar plenas garantías a las organizaciones guerrilleras y sus combatientes para el ejercicio de la política y hasta extender el actual periodo presidencial.

Pero hay más: rediseñar la descentralización y el orden jurídico-económico, reconvertir las Fuerzas Militares y proscribir doctrinas y prácticas contrainsurgentes, democratizar los medios de comunicación y, por supuesto, convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Casi nada!

Pero, mientras la guerrilla toma la iniciativa y adelanta una exitosa campaña de persuasión a nivel internacional -que cala sin problemas en Bogotá-, el Gobierno da pasos temerosos y hace lánguidos pronunciamientos. No se percibe un manejo certero de la información, no anticipa escenarios, no mide el costo-beneficio de las demandas de las Farc y tampoco presenta planteamientos públicos, para reaccionar o dirigir las conversaciones.

Se limita a conceder más de lo que debería y reiterar tímidas solicitudes a las Farc sobre la "dejación de las armas", su "reincorporación a la vida civil… dentro de las reglas de la democracia" o "el respeto por los derechos de las víctimas", aunque obtenga a cambio las mismas cínicas respuestas de los narcoterroristas.

¿Qué van a poner las Farc en esta "negociación? Al parecer Nada. O quizás, modificarán su oferta extorsiva para dejar de atormentar a los colombianos, si el Gobierno cumple sus exigencias en la mesa. Sin embargo, en las regiones pensamos que deberían responder por las 800 mil hectáreas que han despojado, entregar las armas, las rutas del narcotráfico, el ganado que han robado y los mapas de las zonas minadas.

Así como devolver a sus familias a los menores reclutados, la dignidad y el respeto a miles de mujeres que han prostituido, liberar a los secuestrados, a los "raspachines" que usan para la siembra de coca y a los campesinos que explotan en la usurpación ilegal de recursos mineros y pagar por los miles de asesinatos, masacres y desaparecidos. Y, además, dejar de promover revueltas como la que hoy se vive en el Catatumbo.

Pero nada de eso parece posible ante la postura del Gobierno, que luce comprometido en una sola vía: la de hacerle el juego a las Farc, entregando el campo y el Estado Social de Derecho. Sin duda, el Gobierno está atrapado en la reelección. Es rehén de las Farc.