Tremendo revuelo causaron en el sector agroindustrial las declaraciones del recién nombrado ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, cuando opinó sobre la manera presuntamente ilegal como algunos empresarios compraron predios que en el pasado fueron terrenos baldíos adjudicados a campesinos.
Estos predios están localizados en su mayoría en zonas rurales en donde confluían varios factores que las afectaban: una endeble presencia institucional del Estado, altos niveles de violación de los Derechos Humanos y de los principios del Derecho Internacional Humanitario, considerable presencia de cultivos ilícitos y los centros de gravedad del terrorismo, el narcotráfico y sus interconexiones.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzado, entre 1980 y 2010, se produjo el despojo de más de 6 millones de hectáreas por acciones violentas imputadas a grupos armados ilegales en esas zonas.
Cuando las Fuerzas Armadas lograron recuperar la seguridad de esas zonas, el Gobierno Nacional y los organismos de cooperación internacional hicieron un llamado a los grupos económicos para que invirtieran en grandes proyectos agrícolas y forestales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables y promover opciones de desarrollo social y económico como alternativa a los cultivos ilícitos.
Así fue como se sembraron más de 140 mil hectáreas entre cultivos de maíz, arroz, sorgo, palma, soya, caucho y especies forestales. Ojo! Que todo eso se hizo sin contar con lo básico: servicios públicos, infraestructura vial y comunicaciones.
Pues ahora resulta que cuando se alistaban para recuperar los primeros pesos de sus inversiones, el Ministro de Agricultura les notifica que tienen que devolver las tierras con los proyectos productivos andando, por haber comprado extensiones de tierra (de buena fe), excediendo el límite de acumulación establecido en la Ley 160 de 1994.
Para que tengan una idea de la magnitud del problema, las inversiones que han realizado estos grupos económicos en la altillanura superan los US$ 1.400 millones. En caso que los jueces decidan reversar estas compras, estas inversiones quedarán en manos del Incoder, que seguramente (al igual que la desaparecida DNE), terminará delegando la administración a unas ONG de bolsillo sin experiencia. ¡Qué peligro!
Según varios abogados expertos en el tema, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tiene una serie de imprecisiones, porque solo a partir de la creación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en 1994, es prohibida la venta de baldíos que la supere; antes no, porque no existían.
De no ser esta la interpretación que se adopte, no podría realizarse casi que ninguna operación de compraventa sobre predios rurales, pues basta remontarse a épocas remotas para concluir que en su mayoría los predios rurales eran tierras baldías; de tal manera que si esa fuera la conclusión, un predio adjudicado como baldío en el año 1913 no podría ser objeto de un contrato de compraventa en el 2013, por la prohibición de la Ley 160 de 1994.
Este será un litigio de grandes ligas que tendrán que resolver los jueces de la República y no el Ministro de Agricultura y el Incoder que anda en una cacería de brujas sin fronteras.
Una forma de dirimir esta controversia y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos, es la planteada en el Capitulo III del proyecto de Ley 164 de 2012, en el cual se propone un esquema de proyectos asociativos de inversionistas nacionales y extranjeros calificados con adjudicatarios de baldíos, en los cuales el inversionista otorgue garantía de comercialización de los producción, transferencia de tecnología y asistencia técnica sin que los propietarios trasladen el derecho de dominio, ni aporten sus predios a sociedades o patrimonios autónomos.
Conviene llegar a un acuerdo, aunque no sea el que pretenden ambas partes, y evitar los pleitos por ser bastante costosos y de resultados inciertos.