La gestión del Concejo de Santa Marta en el primer año ha suscitado las más diversas reacciones. Constitucionalmente tiene el deber y la obligación del control político sobre todas y cada una de las actuaciones de los miembros del gabinete Distrital.
Según el observador del Caribe, una Organización No Gubernamental, dentro de su competencia, encargada de vigilar el desarrollo de las actividades de la corporación, encontró que la anterior y la presente comunidad edilicia, se ha quedado bastante corta en sus funciones, en especial, aquellas que tienen que ver con el desarrollo sostenible de la ciudad y el Distrito.
Un universo bastante amplio de ciudadanos samarios, se encuentra descontento con la actuación del Concejo, hasta el extremo de llegar a afirmar, que ha sido injusto para con la ciudad.
Dentro de los cuestionamientos que se le hace a la corporación está la de no darle paso al Sitp sin las explicaciones técnicas necesarias convincentes. Esta decisión priva a la ciudad de invertir una cuantiosa suma no despreciable de 300 mil millones de pesos con la que se podía generar en el futuro inmediato, igualmente, una cantidad no despreciable de puestos de trabajo que bastante le hace falta a la gente más necesitada.
No se entiende esa actitud egoísta de la corporación para con la ciudad. Ayer debatió como le correspondía y cuestionó al mandatario local por la pérdida de los recursos de la regalía para la construcción del Colector Pluvial donde se beneficiaría una gran cantidad de personas, especialmente, de la Comuna 3 pero, hoy hacen lo mismo y se igualan las cargas en cuanto a la responsabilidad y el atraso en el desarrollo de la ciudad.
Inmanejable la situación y quien definitivamente sale damnificada, es la sociedad samaria en general. Todos pierden.
Hoy Santa Marta alberga en todo el Distrito una cantidad de personas desarraigada por la violencia en un número superior a 182 mil. Cifra que desborda cualquier presupuesto para inversión del hoy afectado presupuesto distrital. Un desempleo que pasa del 25%, es decir, 150 mil personas de las cuales el 50% se encuentran en pobreza extrema.
Por ello, se hace más grave la actitud de la corporación, procedimiento que no afecta para nada a la administración, en especial, al señor Alcalde, sino que quienes sufren tal desmán, son ese número de personas desempleadas, que seguramente estaban a la espera de la aprobación del proyecto y veían en él el alivio de su nefasta situación. De la aprobación del Sitp, igualmente se encontraba pendiente ese sinnúmero de personas propietarias de bienes ubicados en la carrera 30, a cuentas de que por ese sitio debía pasar la infraestructura del TUS y por ese hecho les venderían su propiedad al sistema. Pero se quedaron viendo un chispero. No fue así. El mejoramiento y ampliación de esa vía y otras de suma importancia para la movilidad de los propios y extraños, no será hoy.
Otro proyecto que la corporación no le dio salida y que constituía un beneficio para la ciudad y, como era natural, para la ciudadanía, fue el de negar los descuentos para pago de algunos impuestos. Si bien es cierto que la sociedad está en el deber de pagar sus impuestos de manera oportuna y cuando así lo señala la norma, no es menos cierto que en la mayoría de las veces no se pagan oportunamente. Con el correspondiente descuento, se recupera, seguramente, sumas que posiblemente estaban tomando el camino de la prescripción.
Hoy aquellas están en el camino de no pagarlos porque así lo estipula la normatividad. Es de recordar que el recaudo es el único instrumento de valor que tienen las ciudades para llevar a cabo obras de índole social y cumplir total o parcialmente, con el plan de desarrollo, pero ello tampoco se dio, causando en la sociedad que espera la ejecución de obras de carácter social, un desasosiego e impotencia frente la indolencia del Concejo que ellos eligieron.
Dentro de las funciones de la corporación Concejo está la de propender por el desarrollo integral de la ciudad y en especial, la de aquellas comunidades vulnerables que se encuentran en estado de indefensión.
Es de resaltar que por la calidad de la corporación, esta es coadministradora y por consiguiente, con gran justificación, debe estar pendiente de las necesidades más apremiantes que tienen las comunidades al igual que de la aprobación de los proyectos de acuerdo que las beneficien de manera directa. La responsabilidad es total de su parte para con la ciudad. Así se lo exige la Constitución y la Ley. El no recaudo de los impuestos puede llegar a paralizar el ejercicio administrativo en algún momento.
En ese orden de idea, el Concejo debe reflexionar y cuestionarse si efectivamente están protegiendo a intereses particulares o por el contrario, es el interés general el que se encuentra afectado. Una ciudad que se dice ser turística y donde su mayor industria y la que genera la mayoría de puestos de trabajo, es el turismo, debe tener mejor suerte en la aprobación de los proyectos.
Es importante disentir en la dialéctica social pero igualmente, se debe entender que el disentimiento tiene límite, que en algún momento raya con el prevaricato. No debe tomarse la corporación como un escenario de venganza o de protección a intereses contrarios para la cual fue creada por la CP y la Ley.
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