Es evidente que el acuerdo sobre temas agrarios al cual llegaron el Gobierno y las Farc en las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana, fue producto de una presión política desde el Palacio de Nariño.
Mientras el Gobierno y los organismos de cooperación internacional expresaban su complacencia, los gremios de la producción agropecuaria y algunos analistas coincidían en que los puntos acordados son ambiguos y genéricos y que además abordan temas que cualquier Plan de Desarrollo sensato para este país debiera por lógica incluir.
En el tema del acceso y uso de la tierra, existe una incertidumbre general por las amenazas del Incoder de extinción de dominio a quienes por un lado incumplan la función social y ecológica de sus fincas y por otro lado a quienes hayan adquirido terrenos baldíos que superen una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que en el caso del Meta, Vichada y Casanare no supera las 1.300 hectáreas.
En esas condiciones, es posible que el Gobierno inicie un arbitrario proceso de extinción de dominio a más de 200 mil hectáreas sembradas de maíz, caucho, palma, forestales, arroz y soya en la Altillanura. La verdad es que pago por ver el pleito que se armará entre el Gobierno y los grandes grupos económicos como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Alejandro Santo Domingo, Germán Efromovich y empresas como Manuelita, Riopaila, Mónica, Carguil y Pacific Rubiales entre otros.
Seguramente estas y otras áreas agrícolas desarrolladas del país son las que las Farc pretenden que sean convertidas en Zonas de Reserva Campesinas, o que el Gobierno incorpore al Fondo de Tierras que será creado, para que luego les sean repartidas a alzados en armas que se acojan al proceso de paz.
Decía Abraham Lincoln: "no se puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia, no se puede fortalecer el débil, debilitando el fuerte, no se puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes, no se puede mejorar al pobre, destruyendo al rico, no se puede ayudar a los hombres, realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos". No comprendo entonces el afán de las Farc y del Incoder de emprender una persecución contra los empresarios del campo del país.
Si el Presidente de la República toma la determinación de construir una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño y da navegabilidad al Río Meta que conecta con el Orinoco y con Puerto Ordaz en Venezuela, puede abrir el paso a la explotación de 7 millones de hectáreas aptas para la producción agroindustrial.
Esta sería la manera más expedita para darle ocupación productiva a los reinsertados y a tantos campesinos que se quedaron sin tierras en este país. Y si el objetivo es evitar la concentración de tierras, una solución viable sería promover las asociaciones de pequeños y medianos productores para que trabajen junto a los grandes proyectos.
Para desarrollar una agricultura moderna es necesario tener economías de escala y estas solo se logran con extensiones mayores a las 10.000 hectáreas, sumadas a inversiones en infraestructura, educación, ciencia y tecnología.
De no encontrar una figura jurídica que permita el desarrollo de estas grandes extensiones agrícolas, estaremos condenados a seguir importando esos alimentos (seis millones de toneladas anuales) desde Estados Unidos, Argentina y Perú, y que sean esos países los que generen empleo a costa nuestra.
Claramente el Gobierno y las Farc se están desviando del verdadero objetivo de la paz. En vez de estar pensando en quitarles al uno y al otro, deberíamos sumar para todos. No pierdan el foco!