Mecanismos de manipulación ciudadana

Cualquier desprevenido podría decir, grandilocuente, que, claro, que en una democracia -participativa, además- es natural que "un grupo de ciudadanos desinteresados" intenten componer lo que está descompuesto, que para eso la Constitución prevé el remedio frente a la incapacidad de un gobernante, que el voto programático hay que respetarlo, que esto y que aquello. Si estuviéramos en una sociedad culta políticamente, madura, haría el esfuerzo de creer en tan caras bondades, pero no es así; de modo que lo que tiene más posibilidades de ser verdad en estos casos es que nada sea verdad.

Ahora que vengan y me digan que soy anti-democrático y que odio a Colombia. Pues bajezas de ese tipo es lo que en provecho propio o de un tercero saben hacer los manipuladores profesionales, expertos tergiversadores de la opinión de los incautos. Esos avivatos comparten su casta con los promotores de referendos revocatorios sin justa causa; actúan liberalizadoramente en público, pero esconden sus motivos reales en la sombra. Los motivos están ocultos porque tales responden a necesidades egoístas de terceros, siempre de terceros, eternos determinadores de la vida de este país. Se trata de gente que nadie conoce, pero cuyo poder sienten todos.

Los mecanismos de participación ciudadana habían estado enterrados en la imposibilidad práctica tal vez desde su mismo nacimiento constitucional. Finalmente, ¿a quién favorece que al ganador de la elección, y dueño de los puestos, después lo echen? Eso genera un desbarajuste en el funcionamiento de la burocracia local peligroso: un río bien revuelto en el que de pronto es mejor no pescar porque es posible enganchar un tiburón de agua dulce, o sea, la verdad sobre la corrupción, que nunca es tarea de uno solo de los bandos, y que es cosa que nadie tiene por qué saber, ¿no es cierto? Era mejor que la gente siguiera ciega, sorda y muda, pues, ¿qué es eso de la participación? La Constitución había dejado entonces las cosas difíciles, casi imposibles, para la frontal intervención ciudadana, y así, logró garantizar de facto el "sagrado derecho" del ganador del poder a hacer lo que le diera la gana con la cosa pública "adquirida" (¿no ha habido mandatarios que han dicho, en efecto, que ellos pueden recuperar la plata invertida en la elección, haciendo lo que quieran con el presupuesto extraído del bolsillo de los contribuyentes?). Y así lo refrendó la ley estatutaria de 1994. Eso es institucionalidad, dicen algunos patriotas ahora mismo.

La participación ciudadana había nacido muerta, y eso no es bueno, pero tal vez era mejor que el uso que ahora tiene como legitimadora de la omnipotencia disciplinaria, que no es sino la mandadera de la politiquería fascista. Pues no hay que ser un genio para saber lo que está detrás del espectáculo electorero de la revocatoria: a costa del riesgo de dejar a un ente territorial en el limbo administrativo, se concreta un plan maestro de conspiración que busca sacar del poder a un enemigo político que no quiso compartir todas las plazas, como Dios manda. Y esto, valiéndose de una rimbombante sanción disciplinaria que para el común tiene el peso simbólico de una sentencia del Tribunal de los Difuntos.

Eso es lo bonito de la política, como diría un penoso futbolista pata-brava que aún no se retira. Fácil: primero armar el escándalo de la revocatoria, y después, con base en el presunto desprestigio para el evaluado, sancionar -por cualquier cosa-, y sacar del cargo a ese renuente a "colaborar". Ese es el no necesariamente inteligente plan. Pronóstico: no va a pasar, ni allá ni acá.