Las sagradas escrituras bien nos enseñan: "Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre (Isaías 32:16)"
Nuestros padres de la patria le robaron al pueblo colombiano, la posibilidad de hacer una verdadera reforma a la justicia, en vez de eso quisieron aprovechar la enmienda constitucional para perpetuar la impunidad de ciertos delincuentes de cuello blanco.
Los gobernantes colombianos, que en últimas son los llamados a generar transformaciones reales al sistema democrático colombiano, tienen por costumbre hacer copia y pegue de sistemas foráneos, los cuales se implementan en nuestro medio sin conocer a profundidad la realidad y la singularidad del país, sistemas que irremediablemente fracasan y resulta peor el remedio que la enfermedad.
Es preciso recordar que en nuestro suelo todos los sistemas de educación han fracasado, porque son copias al carbón de sistemas extranjeros, que por cierto también fracasaron en otros países, lo mismo podríamos decir del sistema de salud copiado del sistema chileno, y podríamos seguir con el sistema económico, copiado de las recetas norteamericanas, y la injusticia, la corrupción y la iniquidad social continúan intactas.
Volviendo al tema del sistema judicial, el boom ahora es la famosa oralidad, que supone una trasformación de la justicia escrita, la justicia de los memoriales a la justicia oral de los elocuentes, este sistema se introdujo primero en la jurisdicción penal, con la Ley 906 de 2004, siguió la jurisdicción laboral con la Ley 1149 de 2007, más tarde el turno fue para la jurisdicción contenciosa administrativa con la Ley 1437 de 2011 y por último la jurisdicción civil con el resonado código general del proceso o Ley 1564 de 2012.
Si bien es cierto este sistema oral de administración de justicia se presume más garantista y el único sistema capaz de brindar al ciudadano una justicia pronta y eficaz, que en Colombia la realidad es otra, la congestión judicial aumenta en Colombia, la justicia se encarece, las cárceles están a reventar por el ladronzuelo de caldo maggi, los verdaderos delincuentes están en la calle, el sistema impone plazos a los jueces para dar fallos, fallos que están más motivados por cumplir con el plazo que con la realización de la justicia.
Para poner un ejemplo piensen los lectores ¿qué hará la empleada doméstica que acuda a un juicio oral para reclamar sus derechos laborales cuando ella misma tiene que aportar los testigos y costear los gastos para llevarlos hasta el juez?, ¿o acaso el pobre ladroncito de caldo maggi no preferiría allanarse a los cargos, antes que enfrentar un juicio sin ninguna posibilidad de contar con un abogado de confianza realmente interesado en defender su causa?, ¿o tal vez el ciudadano burlado en un contrato, no preferirá perder el pleito antes que pagar los gastos de un perito y de desplazamiento del juez para que se le haga justicia?, ¿con qué plata un empleado público pagará la caución para que suspendan el acto administrativo que vulneró sus derechos?
Así las cosas en lo penal al mes de abril del año pasado nos llegaban represadas 1'489.798 denuncias o reportes de delitos.
La cuarta parte de ese total eran casos de hurto, seguido de lesiones personales, inasistencia alimentaria y porte y tráfico de estupefacientes, y respecto del peor delito como lo es el homicidio al año 2010 solo se emitieron 4.312 condenas cuando en Colombia ocurrieron 15.000 asesinatos, según cifras de la Policía.
Sin duda la oralidad en lo laboral, administrativo y civil correrá la misma suerte que la oralidad penal, pues para que un sistema oral funcione se necesita preparación de los operadores de justicia, infraestructura, tecnología, en fin se necesita mucha plata, plata que el gobierno no tiene y que si la tiene no le da la gana de invertirla en el poder judicial, se requieren más juzgados, mas salas de audiencias, mas y mejores operadores de justicia, un verdadero amparo de pobreza que garantice el pago de la totalidad de los gastos del proceso a las personas de escasos recursos, es inaceptable jueces haciendo audiencias en su despacho con su propio computador, es inaceptable empleados sin impresoras, sin vehículos, etc, el panorama es desolador.
Nadie desconoce que el sistema escritural adolecía de morosidad, pero el sistema oral además de la congestión, genera impunidad y barreras económicas para acceder al él, también esta vez la cura fue peor que la enfermedad, pero todavía estamos a tiempo de derribar la oralidad gringa, y más bien apostarle a un sistema oral a la colombiana, de implementación gradual con un plan a 20 años y con un presupuesto autónomo para la rama judicial que garantice la educación de operadores y ciudadanos, la infraestructura y la tecnología que nos hace falta.
Cristo nos redima.
Clavos y Canela: Me escriben varios amigos de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, con la finalidad de que por este medio cual profeta del desierto pida al Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, se abran dos juzgados más en este municipio, uno Civil del Circuito y uno Penal del Circuito, y una fiscalía local adicional, Dios los oiga.