A raíz de la inauguración de la Conferencia de Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos en Guayaquil (Ecuador), se dieron dos importantes propuestas por parte del presidente anfitrión Rafael Correa.
Recordemos que en 1967 durante la Tercera Conferencia Extraordinaria, se aprobó que fuera una convención interamericana sobre derechos humanos la que determinara la estructura, competencias y procedimientos de los órganos encargados de esa materia.
Esta Convención en 1969 determinó como propósito el consolidar en América un régimen de libertad personal y de justicia social, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no surgían de su nacionalidad sino de sus atributos como persona humana, lo que de por sí justificaba una protección internacional complementaria a la ofrecida por el derecho interno de los Estados, única forma de lograr el ideal de un ser humano libre, exento del temor y de la miseria.
En dicho documento, las partes se obligaron a respetar los derechos y libertades individuales reconocidas en ella sin discriminación alguna. Además, se comprometieron a respetar la vida humana, por lo cual nadie podría ser privado de la misma de manera arbitraria.
Igualmente se sostiene que nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de su libertad debería serlo con la dignidad inherente a su calidad de ser humano. Así mismo, se define allí que nadie podrá ser detenido o encarcelado de forma arbitraria. ¿Estará en alguno de estos compromisos la explicación para que algunos países se hayan tozudamente negado a ratificarlo?
Refiriéndose concretamente a Estados Unidos, el presidente ecuatoriano deploraba que el país del norte, que se ufanaba de hablar y exigir la implementación de los derechos humanos no sólo en América sino en el mundo, resultara de los menos interesados en ratificar los instrumentos internacionales relacionados con esa materia, señalando además que no tenía sentido que un país que no había ratificado tal Convención, sirviera de sede a la misma.
En su criterio, esta no ratificación era precisamente la que en la práctica le había dado patente de corso a aquel Estado para llevar a cabo su criminal embargo contra Cuba, suceso rechazado por la mayoría casi absoluta de los miembros de las Naciones Unidas, así como también el haber implementado una absurda justicia paralela que ha permitido la tortura en el enclave de Guantánamo.
Con fundamento en lo anterior, el presidente Correa propone no solamente que la sede de este organismo sea trasladada a Buenos Aires, sino que además solicita a sus miembros asumir con seriedad el sacrificio económico que dicha medida implica, porque precisamente la preeminencia estadounidense ha sido posible gracias a que ha facilitado el dinero para su sostenimiento, un sesenta por ciento, logrando así imponer sus condiciones en nombre de los mismos derechos humanos que en la práctica irrespeta.
Por lo demás, el mandatario considera desconcertante que sólo 23 de los 34 países integrantes de la OEA hayan firmado la Convención; es más, Bolivia está pensando seriamente su retiro.
De allí que el jefe de gobierno ecuatoriano considere que dicha reunión debe tener como propósito el dialogo franco y directo entre los estados miembros, en un intento por buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y efectivos que fortalezcan y universalicen la institución, comenzando por enmiendas a su normatividad y reglamentación que permitan un sistema que haga de la ética, la equidad y la transparencia, una vivencia cierta y sin sesgos de la corporación.
Ojalá se logre el traslado de la sede y el financiamiento efectivo por parte de los Estados miembros, así como la adopción de un código de conducta para la CIDH. Lo más importante ha sucedido: Latinoamérica ha perdido el miedo a hablar y se está atreviendo a proponer cosas novedosas al interior de las instituciones de las que hace parte.