Definitivamente Colombia es un país de contradicciones. Aunque la Constitución Política establece en su artículo 114, que es al Congreso a quien le corresponde hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno, pareciera que fueran las Farc las que estuviera ejerciendo esa función.
La Comisión Quinta del Congreso, no debiera destacarse únicamente por los debates de control político que juiciosamente realiza el Senador Jorge Enrique Robledo. Así como los congresistas Roy Barreras e Ivan Cepeda -sin tener conocimientos sobre el agro- andan socializando una reforma agraria propuesta por la guerrilla de las Farc en el marco del proceso de paz en Cuba, los congresistas de las Comisiones Quinta de Senado y Cámara, debieran liderar con los gremios de la producción y los empresarios del campo -actores legítimos-, el diseño de unos instrumentos estatales que fomenten la productividad, la competitividad y la eficiencia en la gestión. Serían medidas que otorguen confianza y seguridad a los productores y crearían una adecuada institucionalidad que permita corregir oportunamente las distorsiones de los mercados internos y externos, con el fin de generar reales condiciones de igualdad y oportunidades a nuestros campesinos.
Durante las últimas dos décadas, los actuales programas de fomento al agro, han tenido una sucesión de frustraciones y un descomunal derroche de recursos públicos que han servido más para alimentar el clientelismo político y el aparato burocrático, que para solucionar los problemas concretos de los productores del campo.
Es tiempo que los congresistas estudien la implementación de un nuevo sistema de adjudicación de tierras que introduzca a la titulación del predio, un paquete tecnológico para el cultivo a desarrollar, el crédito pre-aprobado y una capacitación en buenas prácticas agrícolas y ganaderas al beneficiario. Bajo estos criterios, los campesinos estarán en condiciones anímicas, materiales y financieras de producir alimentos suficientes para sus familias y el mercado local, incrementando sus ingresos y rompiendo el círculo vicioso de la pobreza.
Es hora de remplazar el obsoleto Servicio de Asistencia Técnica Rural prestado por las Alcaldías municipales, por uno de extensión agrícola a través del Sena, apoyado en un 100% con fondos provistos por el Gobierno Nacional, estableciendo centros de atención en las escuelas agropecuarias de los municipios. Con ello, reducimos costos, logramos mayor cobertura y calidad del servicio.
Para lograr importantes avances en los proyectos de riego, es imperioso sacar del Incoder el fracasado manejo de los distritos de riego y plantear la creación de un sistema nacional de presas y canales de irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores. Con este esquema, en los Estados Unidos se cosecha el 18% del algodón, el 14% de su cebada, el 12% del arroz y el 3% del trigo.
Otros temas de gran relevancia en la agenda legislativa, son la modificación del marco regulatorio de los organismos vivos modificados -OVM-, para facilitar el acceso oportuno de semillas genéticamente modificadas resistentes a plagas. El problema de los altos costos de los insumos agrícolas, que está suplicando un sistema regulatorio de precios que proteja al productor. La urgencia de fusionar los escasos incentivos del ICR y CIF en un incentivo que reduzca la tasa de interés del crédito rural y la liberación de las importaciones de maquinaria agrícola usada.
Señores Congresistas ustedes tienen una responsabilidad con sus constituyentes. Ojalá sean conscientes de que si adoptamos las anteriores medidas, podríamos reducir en por lo menos un 35% los costos de producción e incrementar en un porcentaje igual, los ingresos de los productores del campo. La agenda legislativa del agro está servida, sólo necesitamos voluntad política y un poco más de trabajo.
Twitter: @indadangond