No es un problema nuevo en Colombia, pero el reciente paro cafetero disparó una serie de paros y amenazas de paro que debe preocuparnos más allá de los perjuicios ocasionados en cada caso y de si los motivos son justos o no.
Simplifiquemos el orden constitucional que nos rige así: un candidato presenta un programa de gobierno, la mayoría de electores lo elige, el candidato se convierte en presidente y gobierna.
Sin embargo, pese a esa elección democrática bajo las normas constitucionales y aceptando que tiene falencias, hay sectores que mediante vías de hecho están obligando a los gobernantes a actuar de determinada forma según sus intereses, es decir, el voto universal deja de ser el soporte y es remplazado por presiones sectoriales sobrevinientes. Surgen entonces gobiernos reactivos que pueden perder su fuente de poder, lo cual quiebra el sistema democrático.
La teoría de que los hechos crean el derecho no es tan simple: Una cosa es que ciertos sucesos, realidades o cambios requieran ser rodeados del derecho ya sea prohibiéndolos o legitimándolos, pero otra cosa es cuando las medidas oficiales, sea cual fuere su forma jurídica, son adoptadas ante presiones irregulares, como es el caso de los paros que violan derechos: "Señor gobierno, o nos dan esto o perjudicamos a los ciudadanos".
Las peticiones de los cafeteros eran -son- justas, sé de la importancia histórica que para el país ha tenido el sector cafetero no solo en la economía sino como soporte institucional, y hasta donde he visto este y varios gobiernos anteriores no se han movido lo suficiente para responder a las nuevas realidades económicas internacionales que afectan al café ni han escuchado como se debe a los cafeteros.
Pero ello no legitima para violar los derechos de otros colombianos, porque sin duda en el reciente paro se presentó un conflicto de derechos: el de los cafeteros y el de los ciudadanos cuyos derechos a la libre movilización, a la salud, a la vida, a la educación, a la alimentación y a otros bienes materiales e inmateriales fueron vulnerados.
Y hay más: siempre la solución a esos paros termina en que los gobiernos otorgan beneficios económicos a los sectores que los promueven, pero se nos olvida que ahí también se da otro conflicto de derechos: los dineros para acabar o conjurar paros salen en últimas del bolsillo de todos los ciudadanos, lo cual significa, por un lado, más impuestos para todos, y por otro lado y también, menos obras y servicios estatales de toda índole.
Porque se equivoca quien cree que el final del paro cafetero fue una muestra de sindéresis, de buena conciliación y de acertado manejo político de ambos lados: nos trasladaron el problema a los demás ciudadanos que somos quienes pagamos el arreglo.
Pero, ¿cómo se soluciona ese tipo de conflictos? Por un lado, los gobiernos deben ser más previsivos para no dejar llegar las cosas hasta ciertos puntos, y, por otro lado, los sectores que se sienten vulnerados deben comprender que comparten el país con muchos otros ciudadanos la gran mayoría también con problemas económicos, y, en especial, jamás ponernos de rehenes para que los gobiernos accedan a sus peticiones.
De lo contrario lo que sigue es un quiebre en la institucionalidad: los gobiernos actúan a los empujones de quienes recurren a las vías de hecho. Eso no es un Estado de Derecho, nos pueden convertir a fuerza de paros en un estado de hecho.
Y ojo: luego del tinto amargo y del chocolate espeso se anuncian arroz con paro y otras viandas para completar el menú. Algo falla, y tanto gobierno como ciudadanos deben buscar un justo medio civilizado que no agrave nuestra fama de país donde todo se soluciona a las malas.