Ubiquémonos en 1990. Colombia tenía una población aproximada de 32 millones de habitantes, cosechábamos 4.3 millones de hectáreas de productos agrícolas, producíamos 20 millones de toneladas de alimentos, las exportaciones del sector agropecuario superaba las 3 millones de toneladas anuales e importábamos escasamente un millón. Los negocios eran simples: unos pocos productos, clientes estables en un área limitada y una situación competitiva conocida y prácticamente invariable.
Esta indiscriminada apertura produjo un violento impacto al sistema productivo del país en la década de los 90. Para el año 2000, (cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Hacienda de Pastrana), la superficie cosechada se había reducido en más de 600 mil hectáreas y las importaciones de alimentos se habían incrementado en 6 millones de toneladas anuales. Ello, sumado a la ola de violencia y secuestros por parte de grupos armados al margen de la ley, trajo como consecuencia una crisis del agro y los problemas sociales consecuentes que nos son bien conocidos.
Entre 2002 y 2010, a través de la política de Seguridad Democrática (con Santos como Mindefensa), y una estrategia de incentivos al sector agropecuario, el Gobierno del expresidente Uribe logró que los empresarios volvieran a invertir en el campo, recobrando la superficie agrícola perdida. Es decir, duramos 20 años recuperándonos del desatino de Gaviria.
Hoy, 22 años después, la historia se repite. Esta vez, mediante la acelerada implementación de los TLC suscritos con EE.UU la Unión Europea y otras potencias agrícolas, sin antes haberle garantizado a nuestros productores del campo una competencia equilibrada y peor aún, sin implementar medidas que les permita actuar con éxito ante este proceso creciente y a la vez imparable, que está arruinando sus negocios. Lo más irresponsable e inaceptable, es que el ministerio de Agricultura esté formulando políticas de Desarrollo Agropecuario con base en una información de un censo agropecuario realizado en 1970.
Lo anterior nos obliga a reflexionar en conjunto acerca de lo que se demanda al mundo agrario. Es un proceso indiscutiblemente necesario para configurar una política de Estado dirigida al sector agropecuario, y que recoja la visión de todos los sectores políticos y sociales del país, además de ser funcional a los intereses estratégicos de la Nación.
En este orden de ideas, debemos procurar despejar ¿Qué y cuánta agricultura queremos?, ¿Qué y cuánta agricultura necesitamos?, ¿Qué y cuánta agricultura estamos en condiciones de pagar como Nación? y cuáles serían los instrumentos y programas idóneos para alcanzar los objetivos definidos.
Este esfuerzo no puede ser trabajo exclusivo de unos tecnócratas aislados del mundo agrícola real, sino que debe abrirse a la activa participación de todos los actores involucrados, independientemente que provengan del sector público o privado. Por tal razón debemos constituir una Mesa Agrícola Nacional que aborde un trabajo de evaluación y definición de las políticas sectoriales que requiere el agro en nuestro país en el mediano plazo.
Se trata de definir por ejemplo, a través una planeación estratégica, el aprovechamiento de nuestros suelos. Aquí existe el mito que nuestras tierras son ideales para todo tipo de cultivos, sembramos en las montañas y criamos ganado en la planicie, aprovechando menos del 5% de las tierras de nuestro país.
Las respuestas ya no se encuentran en la historia y la repetición del pasado sólo conduce al fracaso.
P/D: ¿Alguien sabe por qué el presidente de la SAC, Rafael Mejía, no está en la mesa negociadora del paro de caficultores?