En una entrevista publicada esta semana en El Espectador, la Contralora Sandra Morelli le dijo a Camila Zuluaga que ella no se siente la mujer más poderosa del país porque en un Estado de Derecho, ello es sinónimo de abuso.
Si bien es cierto que la Contralora Morelli ha devuelto la credibilidad, el respeto y la eficiencia a una institución que venia desacreditada y envuelta en muchos escándalos de manipulación y el archivo de procesos de corrupción, también es innegable, que muchos colombianos percibimos al órgano de control como una entidad que transgrede el debido proceso, interpreta subjetivamente las normas e intimida a los vigilados. Es tal vez por eso, que ha llegado al punto desafortunado de estar infundiendo más temor que respeto.
El pánico que ha invadido las oficinas públicas ha causado en parte, un rezago enorme en la ejecución de los presupuestos de inversión del Gobierno. Esto sumado al pelotón de funcionarios inexpertos y demagogos que el Gobierno Santos ha puesto en entidades claves, tiene frenadas las locomotoras de la prosperidad. Ya ningún gremio o entidad privada quiere suscribir convenios de cooperación con alguna entidad pública por temor a correr el riesgo de una medida cautelar arbitraria y el daño de su buena reputación sin siquiera tener un fallo en firme. Ahí sí está la transgresión del Estado de Derecho que la misma Contralora exhorta.
Ya entendemos porqué el sector agropecuario no levanta cabeza. Por un lado tenemos un ministerio de Agricultura gerenciado por burócratas sin estrategias y tácticas claras para sacar adelante el sector y por otro lado, se encuentran unos funcionarios de la contraloría delegada para el agro, auditando programas de desarrollo rural, sin haberse leído siquiera la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, que desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional.
El daño que lo anterior le está causando al desarrollo económico del país es enorme.
Sin ir muy lejos hace unos días, se vinculó a la banca privada a un proceso de responsabilidad fiscal, por el hecho de no ejercer correctamente un control de inversión que la Ley 101 de 1.993, en su artículo 24 le delega a Finagro.
Pues, por no verificar la legislación "Antes de", esa vinculación absurda, ha puesto a la banca privada a pensar en retirarse de la colocación de los créditos que tengan colgado un incentivo a los productores del campo. Lo que no he podido entender es ¿Por qué las auditorías de las entidades financieras las hacen inspectores agropecuarios?, ¿Acaso ésta función no le corresponde a la Contraloría Delegada para la Función Pública e instituciones Financieras?. Esto es como pedirle a un mecánico que revise la sazón de un chef.
Claramente para llevar a cabo procesos contra la corrupción, no es necesario intimidar a los honestos. Si lo que se busca es crear confianza y respeto hacia las instituciones públicas se debe comenzar por casa y obrar con mesura.
Evidentemente es necesario que la Contraloría continúe con la tarea descrita en la Constitución y que no baje la guardia en la inspección de las entidades y servidores públicos. Sin embargo, en el proceso se debe cuidar de los excesos que infunden temor y desconfianza, además de perjudicar al sector agrícola y ganadero el cual tantos golpes ha recibido de la guerrilla, el narcotráfico y ahora de los TLC.
P/D: ¿Alguien podría decirme donde está el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia?, ¿Es cierto que ahora está de reportero del campo?