Colombia enfrenta un proceso en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos ocurridos a raíz del holocausto del Palacio de Justicia. Recordemos que tal atrocidad fue perpetrada por guerrilleros del M19 y financiada nada más y nada menos que por el monstruo genocida de Pablo Escobar en noviembre de 1985. Esta semana el abogado defensor de Colombia ante la CIDH, Rafael Nieto Loaiza, dijo, entre otras, que "en la retoma del Palacio no hubo desaparecidos".
Tales afirmaciones se contradicen contunden-temente con lo que el mismo Estado colombiano ha dicho a través de sus instituciones judiciales en sentencias como la que condena al coronel Alfonso Plazas Vega.
En principio una Juez declaró a Plazas responsable de la desaparición de 11 personas que al parecer murieron en el posterior incendio del edificio. Incluso cuando el coronel no tenía mando sobre la operación. Luego el Tribunal Superior de Bogotá falló en segunda instancia condenándolo a los mismos años de prisión que había dicho la Juez, pero encontrándolo culpable sólo de dos de las desapariciones. Tremendo insulto a la lógica más primaria de la justicia.
Ahí no para todo. Antes de la sentencia el magistrado ponente del Tribunal - el único que leyó, conoció profundamente e indagó el caso - pidió a sus compañeros declarar a Plazas Vega inocente por no encontrar pruebas suficientes en su contra. A lo que los magistrados se hicieron los sordos. Todo parece indicar que había que hallarlo culpable contra viento y marea. Alguien debía responder y si los guerrilleros del M19 habían sido indultados, la decisión debía recaer entonces en la cabeza de un militar. Otra vez nuestra prostituida justicia se prestaba para un juego político.
Los desatinos de la justicia mediocre y su incapacidad de hallar la verdad le salen caros al país. Por ese tipo de demandas internacionales Colombia ha tenido que pagar entre 6 y 7 billones en la última década. Por supuesto quienes pagamos somos todos los contribuyentes. Y si ese dinero representara una verdadera forma de justicia para víctimas de tantas barbaridades sería una bendición. Pero la justicia internacional también se politiza y detrás de ella se unen las mafias de algunos países para hacerla caer en errores.
Recordemos, por ejemplo, que la misma Corte que hoy nos juzga lo hizo anteriormente en el caso de Mapiripán condenando a Colombia a pagar cifras millonarias por la muerte de 49 personas, muchas de las cuales fueron luego encontradas vivitas y sin enterarse de tales asuntos. Detrás de ellos, fungiendo como defensores representantes de las víctimas estaba por supuesto la camarilla mafiosa del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y sus amigos en el gobierno. Cada cheque que ellos reciben a costa de nuestros bolsillos representa un hospital menos o un montón de niños sin educarse en cualquier vereda colombiana. ¡Es indignante!
Parece que la CIDH ni siquiera tiene competencia para juzgarnos. Lo hará seguramente, pero esta corte con sede en Costa Rica es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos a los países que los agreden en tiempos de paz. Y este caso de combate para retomar el Palacio de Justicia debería ser regido por el Derecho Internacional Humanitario con el que se regulan los momentos de conflicto.
En el trágico suceso del 85 lo seguro es que hubo muchos muertos y la responsabilidad recae sobre los delincuentes perdonados del M19. Todavía falta probar qué pasó específicamente con el destino de un par de personas que siguen considerándose desaparecidos. Lo cierto es que no existen pruebas concretas de que hayan sido ejecutados por agentes del Estado o salido vivos del Palacio.
El poder judicial representando al Estado no puede pretender buscar nuevos culpables, pasándose por la faja el derecho dependiendo de los vaivenes de la política, mientras se indulta a los confesos agresores. Por eso aunque conocemos los mecanismos que han dado con ello, muchos no se terminamos de entender que el coronel Plazas Vega siga privado de la libertad siendo inocente mientras justo enfrente del Palacio de Justicia uno de los autores intelectuales del holocausto dirija hoy los destinos de la capital.
Los descargos del abogado defensor de Colombia ante la Corte nos hacen ver aparentemente como un Estado bipolar que dice en un escenario una cosa y en otro cambia. Pero realmente nos acerca a la verdad del caso y nos demuestra lo vulnerable de la justicia colombiana, un libro amargo del que todavía no hemos leído todas las páginas.