Uno de los supuestos grandes logros de la Constitución Política del 91, fue lograr la independencia del Banco Central de las influencias del ejecutivo.
Me parece que la baja de la tasa de interés en la magnitud hecha es prudente. Lo que está muy mal es que el presidente y algunos de sus ministros estén sentando un mal precedente al presionar abierta y públicamente a la Junta del Banco de la República para que ésta tome las medidas que ellos quieren.
La función primordial de una banca central independiente es mirar el horizonte económico de un país en el largo plazo y tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad macroeconómica. Esto implica que a la banca central no se le debe exigir que solucione problemas coyunturales inmediatos e inmediatistas, y mucho menos cuando las exigencias obedecen a una dinámica política. Una banca independiente incluso actúa muchas veces contra los deseos del gobernante de turno. Este no parece ser el caso en Colombia.
La coyuntura actual del país, desde el punto de vista económico, nos coloca frente a una situación complicadísima que realmente nadie sabe cómo resolver; para que no nos digamos mentiras, estamos en una encunetada bien fea. No es claro que una política monetaria expansiva pueda reactivar la economía colombiana, y por el contrario puede hacer daño. La sin salida es asustadora, y no es para menos. Entendiendo lo complicado de la situación, la Junta quiso hacer algo, creyendo que la inercia es peor que algo, e hizo un prudente movimiento sin tener certeza sobre cuáles serán los efectos, es decir, salió dando palos de ciego.
El deterioro de la economía colombiana es producto de la convergencia de factores internos y externos, incluso algunos son producto de la necedad e imprudencia de los últimos dos gobiernos. Por ejemplo, nosotros causamos la caída de la industria y la manufactura por cuenta de los TLC y la apertura comercial.
No tiene presentación alguna que para proteger a algunos productos colombianos, se recurra a argumentos baladíes como que estos gozan de protección de origen, o que las importaciones violan las normas de propiedad intelectual, como sucedió cuando los chinos se vueltiaron el sombrero, y al gobierno se le vueltió la arepa. La reculada huele a acto de contrición, y pónganle la firma que vendrán otras.
De hecho esto nos puede generar problemas en la Organización Mundial del Comercio porque la normatividad vigente exige que se prefieran las medidas proteccionistas transparentes y cuantificables, como las tarifas arancelarias, a las de otro tipo, como por ejemplo, las trabas normativas tipo leyes ambientales, fitosanitarias, propiedad intelectual, entre otras.
Mientras el Ministro del ramo termina de elucubrar sobre si fue primero el huevo o la gallina, la gallina importada se está comiendo todo el granero. Sin embargo, hay que anotar que los TLC es solo uno de los nubarrones de la tormenta.
Volviendo al tema de la independencia del Banco de la República, no es función de este convertirse en mandadero del ejecutivo ni servirle de caja menor, o por lo menos esa es la teoría.
Las dificultades de mantener la independencia de la banca central son de vieja data y tienen que ver con que siendo Colombia un país presidencialista, el poder del Presidente es excesivo comparado con las otras ramas del poder público. La figura presidencial es un eufemismo para denominar a un emperador elegido por votos.
En este panorama, la independencia de la banca central consagrada en la Constitución del 91, no es más que una aspiración. Los miembros de la Junta del Banco de la República son generalmente burócratas de oficio, a quienes tarde o temprano les toca salir a lagartearse un puesto entre los poderosos, así que lejos de ellos la idea de desgraciarse con el presidente y su corte.
Para añadirle insulto al daño, la posibilidad de reelección presidencial, produjo un desbalance institucional severo que no ha sido corregido.
Un emperador de ocho años, tiene el poder de postular y hacer elegir muchos funcionarios públicos, incluidos los de la banca central, que a la postre terminan siendo funcionarios dóciles y de bolsillo.
Es decir, la reelección presidencial desajustó severamente el sistema, ya de por si frágil, de pesos y contrapesos, tan necesario en cualquier democracia sana.
Este desbalance amerita una pronta y seria revisión para reestablecer, aunque sea solo nominativamente, el equilibrio en la división del poder público.