Ninguna sociedad se puede reclamar democrática si la distancia entre sus postulados y sus realidades es tan grande que en la cotidianidad no toman vida los principios que se pregonan. De nada sirve que existan unas instituciones de buen diseño, elecciones periódicas, libertad de expresión consagrada en textos impecables, participación aceptable en las jornadas electorales y jueces capaces de echar de vez en cuando a un poderoso a la cárcel, si en el aire no flota una realidad de respeto profundo y verdadero por la condición femenina.
Las atrocidades de las que fue víctima una estudiante universitaria en Nueva Delhi, que terminó muerta por la violencia del asalto de unos desalmados en un vehículo de servicio público, ha conmovido con toda razón a la sociedad india. Y así ha sido porque el hecho tuvo la publicidad que por lo general no tienen las conductas de molestia a las mujeres en los buses y en tantos otros escenarios de la vida pública, como se ha venido a saber luego de que amplios sectores de una sociedad enorme y paciente resolvieron salir a la calle a protestar contra una situación que desborda los parámetros que permitían a ese país reclamar el título de la democracia más grande del mundo.
Ya sabemos bien que, a diferencia de otras sociedades asiáticas, la india figura dentro de las que mayor éxito han tenido al asimilar instituciones de origen occidental para configurar una mezcla que conjuga muchos de sus valores tradicionales, muy antiguos, con los que son propios de un Estado de Derecho. Los fundadores, con la contribución tácita de los británicos, tuvieron el buen cuidado de buscar una fórmula que hiciera viable ese experimento, particularmente difícil por las complejidades y proporciones geográficas, humanas y culturales del país.
Las transformaciones que hoy tienen lugar allí, como fruto de un esfuerzo nacional que se desarrolla con el aliciente de convertir a la India en potencia mundial y consolidar su posición como uno de los gigantes asiáticos, se ven afectadas en lo más profundo por fenómenos como el de la discriminación y el maltrato a las mujeres. Y el punto es tan importante debe figurar en un lugar muy alto de la agenda, porque no se trata de un problema menor sino de una mancha que afecta las credenciales democráticas de la que hasta ahora ha sido considerada la democracia más grande del mundo, al menos por las proporciones de sus procesos políticos y electorales.
En la India y en todas partes, mal se puede hablar de sociedad democrática si los beneficiarios de libertad y también de respeto son exclusiva o particularmente los hombres. Porque ante la evidencia de desequilibrios desfavorables a la mitad de la población, las proporciones del problema son más grandes y trascendentales que las de cualquier crisis económica pasajera, de esas que rompen el cerebro de los genios de la orientación del Estado y de todos los actores de la vida pública.
Allá, como aquí y en muchas otras partes, la tarea de conseguir una sociedad igualitaria, sobre la base de vivencias que reconozcan los derechos de las mujeres hasta en los eventos más simples de la vida cotidiana, debe ser asumida por todos, para que no sigamos reclamando condiciones de vida democrática que solo subsisten en el papel. Y no son solo los gobiernos, que expiden órdenes precisamente de papel, los únicos llamados a adelantar la campaña de no discriminación. Es la sociedad misma, desde lo más profundo, y no solamente desde el activismo femenino, la que debe ejercer un cierto tipo de vigilancia mutua a favor de ese propósito.
Porque mientras las situaciones de encuentro de hombres y mujeres en los lugares públicos, para apelar al evento más frecuente, sigan siendo oportunidad para el acoso, el abuso y el irrespeto, la sociedad no puede reclamar el título de democrática, que hay que sacar de las normas y poner a andar en las calles.