Miembros de las diferentes asociaciones de agricultores del país manifestaron su descontento respecto al apoyo que diera el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, al incremento de la tasa de interés a los créditos de los productores del campo, el cual empezó a regir a partir del 1 de enero de este año. ¿Por qué no consultó esta decisión previamente con los gremios?, ¿Por qué guardó silencio? Considero que todos los interesados y afectados merecemos una explicación.
En la mayoría de los países del mundo, el Estado subsidia el costo del servicio de la asistencia técnica a los pequeños y medianos productores del campo con el fin de contribuir a su mejoramiento. Esencialmente se busca lograr que se conviertan en empresarios que produzcan bienes y servicios que superen con éxito la prueba de los mercados internacionales, aumentando de paso sus ingresos. Este servicio generalmente es prestado por cooperativas agrarias, entidades gremiales o escuelas técnicas agropecuarias.
En Colombia, el Ministerio de Agricultura resolvió delegar la responsabilidad en 400 alcaldes que no tienen el debido conocimiento sobre transferencia tecnológica y buenas prácticas agropecuarias. Hoy no sabemos a dónde fueron a parar los 130.000 millones de pesos destinados para este programa en 2012, y nadie da razón de los 450 mil campesinos que el Ministerio de Agricultura prometió atender con estos dineros del erario.
En el sistema de Seguros Agrarios, también hay serios problemas de implementación. El 30 de noviembre del año pasado el Ministro del ramo anunció que para inicios de 2013, mas de 520.000 caficultores tendrían una póliza de seguros gratis que los proteja de riesgos climáticos. Este anuncio no se ha podido materializar porque en Colombia no existe una compañía de seguros que tenga la capacidad técnica y financiera para asegurar esa área y tanto el Ministerio como Fedecafé, no cuentan con los recursos para subvencionar el 100% de los costos de las pólizas.
El día que el Ministerio de Agricultura actualice los mapas de riesgos, promueva la creación de una coaseguradora que administre el seguro agrario y garantice los recursos de las subvenciones, tendremos un sistema de seguros agrarios andando. Lo demás tristemente es carreta.
Pasando al programa de reforestación comercial, la frustración es aún mayor. El Gobierno se comprometió a incentivar la siembra de 260.000 nuevas hectáreas en este cuatrienio y a la fecha, escasamente llega a unas 55 mil hectáreas (21% del objetivo) y la inversión no supera los 120.000 millones de pesos. La lentitud en la implementación del programa obedece al ineficaz esquema de acceso al Incentivo Forestal -CIF- y al reducido inventario de semillas. Para colmo de males, el ICA no ha homologado los requisitos de importación de especies de países como Venezuela que produce la mejor semilla de "Pinus Caribea" del Continente.
Para impulsar este programa el Gobierno debiera optar por un esquema de incentivo directo a proyectos desarrollados por las empresas reforestadoras en alianza con los productores. Ello garantiza la asistencia técnica y la compra de la producción a futuro. Con esquemas parecidos, Brasil ha reforestado mas de 6.3 millones de hectáreas, Chile 2.4 y Uruguay 1 millón.
La indiscutible buena voluntad del Gobierno de querer darle impulso al sector, se ha visto empañada por los afanes y la falta de verdaderos técnicos apoyando la base de los programas y su ejecución. Estos bibliotecarios del agro han estancado un sector que es de importancia vital para la superación de la pobreza y el desarrollo económico del país.