Por la defensa de un desarrollo sostenible

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Escrito por:

Alfonso Lopez Carrascal

Alfonso Lopez Carrascal

Columna: Pedagogía Constitucional

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Se discute si se debe permitir inversión privada en el Parque Tayrona polarizando la opinión. Precisamente dentro de la Constitución Política de 1991 que nos rige existe dentro de ella una constitución ecológica pero indudablemente además de la función pública, en que el interés público debe estar por encima del interés privado, hace inherente a dicha propiedad la función ecológica, es decir el respeto por el medio ambiente y eso se discute, y su protección es un imperativo para conservar la especie y la naturaleza. Precisamente nuestra Carta Política tiene una serie de normas sobre el particular.

La Ley 99 de 1993 fija una política ambiental que es respetar y acatar y abre las puertas a lo que hoy es el desarrollo sostenible, lo que quiere decir que se desarrolle plenamente la economía, pero respetando el medio ambiente, dando paso a los ambientalistas frente a los llamados ecologistas que quieren plantar una ortodoxia de la ecología. Esa ley desarrolla la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 que plantea lo que debe ser la política de desarrollo frente a la defensa del medio ambiente. Pero hay que recordar que no obstante existir un sistema nacional del medio ambiente y un ministerio que maneja esa política con base a la citada ley, pero ésta también hace eje de esa política a los departamentos y a los municipios y estos entes no pueden eludir esa responsabilidad. En el caso del Parque Tayrona se le quiso concesionar el señor Besudo, pero nos preguntamos qué beneficios para Santa Marta ofreció esa concesión y el Parque lo que antes era un puerto ilegal de exportación ilegal de drogas por grupos armados al margen de la ley, lo han querido escoger muchos mochileros que allí llegan como sitio libre para fumar marihuana y esa no es la función que debe cumplir un parque. Pero muy triste, hasta donde llega nuestro conocimiento, es que los estudiantes que allí lleguen para estudio del ecosistema se les cobra y ese dinero se centraliza en Bogotá y volvemos a preguntarnos ¿en qué nos beneficiamos de ese cobro de peaje para ingresar al Parque?

Los grandes países del mundo que tienen estas zonas de reservas permiten el ecoturismo y eso explica que se haya abierto una arquitectura que comulga con esas premisas del desarrollo sostenible y hoy por hoy la economía del mundo gira hacia una economía sostenible, es decir que haya desarrollo pero con respeto al medio ambiente y estamos perdiendo de hacerlo en el Tayrona y Salamanca. En el caso de Salamanca se observa una erosión que cada día hace mayor daño frente a las embestidas del mar.

Creemos que debe haber una economía sostenible para esos parques y no seguirlos exponiendo a una sobrecarga de visitantes, muchos de tipo mochilero que la afectan ecológicamente. La ley de parques se inició en el año de 1959 y pudimos ver como abogado la explotación que en Arrecifes hacía el señor Higuera Ocampo, muerto años después por el conflicto paraquiento. Allí llegaban personas de todas partes del mundo e internacionalmente fue premiado por el ecoturismo que desarrollaba en la zona de Arrecifes y allí hay otros predios cuyos propietarios vienen disfrutando de esas tierras con anterioridad de la ley que creó los parques. Debe haber una política igualitaria para todos los parques y se debe ir dando paso a la economía sostenible y profesores como Joseph Stiglitz y Dani Rodrik, en un foro sobre la materia invitados por la doctora Cecilia López Montaño dejaron entrever la aceptación que debe tener Colombia por este tipo de economía. Creemos que nuestra ciudad se beneficiará con esta política y el problema no debe limitarse en quien tenga la razón entre Uribe y Santos sobre el particular sino que la ciudad y la región salgan ganando. No olvidemos tampoco que constitucionalmente estamos inmersos en el proceso de globalización y vengan esas inversiones en función de empleos nativos, compra de alimentos y de servicios. Eso sí con respeto a la función ecológica que manda la Carta y la Ley 99 de 1993.

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