En un titular de este diario del 16 de febrero del año en curso, dijo: "$ 372.181 millones dejó de percibir la ciudad de Santa Marta por concesiones en los últimos 4 años". Así de esa forma lo titulo EL lNFORMADOR.
Pero el diario alertó a la ciudadanía samaria en lo siguiente: "El recaudo tributario es manejado por la empresa Contrato R&T; el de amoblamiento urbano de Santa Marta por la Unión Temporal Comingel Ltda y Camunsa Internacional; el alumbrado público por la Unión Temporal Diselecsa Ltda y Eléctrica de Medellín Ltda.; la malla vial por el Consorcio Santa Marta 2000; el acueducto y Alcantarillado por la empresa Metroagua". Y, sigue diciendo: El mercado público es manejado por la firma obras y proyectos del Caribe; los patios y grúas por Pagcar; la semaforización de la ciudad por Siett; el aseo urbano por Interaseo y los tres megacolegios por Institución Educativa Quinto Centenario y Aluna, fueron asignadas al operador Compañías de Jesús, Fe y Alegría".
Siguiendo en la misma dirección, el diario con gran asombro, por cierto, manifestó: En cada año las ganancias de estas empresas se fueron incrementando: Durante 2008 la ciudad dejó de percibir $84.096 millones de pesos; en 2009 la suma ascendió a $88.022 millones de pesos; en 2010 la cifra se incrementó a $94.032 millones de pesos y en 2011 el aumento llegó a la suma de $106.051 millones de pesos. La relación de ingreso que no le entraron al Distrito el año pasado es de: $5.722 millones de Amoblamiento Urbano; $4.021 millones de concesión Santa Marta 2000; $ 11.127 millones Metroagua; $194 millones de Pagcar (Patios y Grúas); $1.809 millones en Tránsito, Transporte, Semaforización y tasa vigencia actual, y $ 1.349 millones de foto multa y destinación específica en semaforización, estas tres concesiones del Siett.
De las concesiones Comulner, que maneja el mercado público y Recaudos y Tributo, dice la primera no le aporto a la ciudad en el 2011, por lo menos, la suma de $357 millones de pesos y la segunda, por recaudo e impuestos, le dejo de aportar a la ciudad la suma de $7.167 millones de pesos.
El diario transcribe, igualmente, algunas palabras del alcalde Caicedo, cuando dijo "…que debido a las modificaciones que le fueron haciendo a los contratos que se suscribieron con las mencionadas empresas, la ciudad no sólo ha perdido sino que también ha quedado limitada para hacer el control o las interventorías que correspondan, ya que en la mayoría de los casos no la hace el Distrito, sino un tercero el cual es pagado por la misma empresa".
Ante este oscuro panorama de la ciudad de Santa Marta y la manera como ha dejado de percibir grandes cantidades de recursos económico de parte de las concesiones, es menester e imperioso, hacer algunas reflexiones: las autoridades administrativas de la Nación, están envestidas de potestad, según la Constitución y la Ley, para velar, cuidar, no permitir que los particulares u otros Servidores Públicos, hagan mal uso de los recursos que se recaudan por los impuestos: el dinero de los contribuyente es sagrado.
Es un deber de la autoridad administrativa cumplir con esos principios preceptuados en la Constitución y las Leyes. Los contratos estatales, cualquiera que sea la clase o el tipo, pueden ser revertidos en favor del Estado cuando son leoninos, es decir, cuando afecte el erario público gravemente, en ellos se ubican los contratos de concesiones. Estos no son la excepción a la regla, de igual manera pueden ser declarados inconvenientes por estar desangrando el erario público. El Estado los puede y tiene que intervenir para proteger el dinero de los contribuyentes.
Con este panorama de la ciudad de Santa Marta en cuanto a los dineros públicos que no llegan de parte de todas o aquellas concesiones cuyo contratos son lesivos para los intereses de la ciudad, el señor Alcalde ha debido tomar medidas jurídicas o conciliatorias, conforme a las normas de contratación estatal, a fin de llegar a acuerdos modificatorios de los contratos donde todos los actores, incluyendo, claro está, la entidad territorial del Distrito de Santa Marta. Y, sí no lo ha hecho, es tiempo de tomar medidas extraordinarias tendientes a enderezar esos contratos.
El alcalde no debe tener temor a las prevenciones que le haga las instituciones de vigilancias cuando, si lo tiene a bien hacerlo, solicite la actualización o revisión de los contratos de concesión ya que la Ley de contratación, le respaldan la toma de decisión, en el evento de que los contratistas se opongan a la solución que más le convenga a la Entidad Territorial.
El Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, preceptúa sobre los Derechos y Deberes de las entidades estatales. Allí encontrará el soporte jurídico para solicitar la reversión o modificación de los diferentes contratos que son lesivos para la ciudad. Igualmente están disponibles los artículos del estatuto general de contratación del 14 a 18, y 27 que se refiere a la ecuación contractual.