Los casos de abuso de autoridad que estamos viendo en las ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial no tienen antecedentes en la historia de Colombia. Los políticos y funcionarios públicos de nuestro país, no han querido entender que el poder que les hemos concedido es para que se utilice en beneficio del interés común de todos los ciudadanos y no del beneficio propio.
Lo que está sucediendo en el Incoder es preocupante. Las actuaciones de la subdirectora (denunciada ante la procuraduría por haberse posesionado sin los requisitos que exige el cargo), en las inspecciones oculares practicadas a la empresa agropecuaria la Gloria y las Pavas, merecen una investigación seria por parte de la procuraduría y la fiscalía para determinar si en estos procedimientos se cometieron delitos de prevaricato, cohecho, tráfico de influencias o corrupción política.
Nadie se explica porqué el Incoder está llevando políticos, Ong y supuestos campesinos desplazados a las diligencias de recuperación de baldíos que supuestamente han sido indebidamente ocupados. La presencia de terceros diferentes al Incoder, el Igac y los dueños de los terrenos, es ilegal y puede viciar el proceso, porque se está generando unas expectativas de entrega de unos terrenos a unos supuestos campesinos desplazados sin haberse surtido un proceso legal ante los jueces agrarios.
¿Será que su directora Miriam Villegas y su subdirectora Jennifer Mojica, no distinguen entre un proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupado (al presumir la entidad, que tales terrenos son baldíos, es decir que pertenecen al Estado Colombiano), y una restitución de tierras a campesinos desplazados, para lo cual, quienes tienen la competencia son los jueces agrarios? Bastante sospechosa la conducta de estas funcionarias.
El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido amplio, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos, realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que contraría la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa agravios morales o materiales.
Los productores del campo que han adquirido sus tierras de buena fe y que la están trabajando honestamente, no deben dejarse amedrentar y mucho menos, caer en pánico por esta envestida de la que están siendo objeto. Hay que seguir denunciando estos atropellos para que no se vuelvan a repetir falsos positivos, como el ocurrido con las inexistentes victimas de Mapiripan.
El más importante y tal vez el único principio de la ética pública debiese ser el evitar el abuso de poder en beneficio propio y por ende, en detrimento del bien común. Ya está bueno de tantas maniobras abusivas.
P/D: Si la Superintendencia de Industria y Comercio llega a encontrar que hubo fraude por parte de algunos miembros de la junta de la Cámara de Comercio de Barranquilla en la pasada elección, no solo debe anularla, sino denunciarlos penalmente. Por otra parte debe haber un veto de por vida, para ocupar cargo alguno de junta directiva en cualquier gremio empresarial.