La semana pasada un nuevo delito -otro más- fue declarado de lesa humanidad: el asesinato del siempre bien recordado Rodrigo Lara Bonilla.
Sin embargo, esas crecientes declaratorias de lesa humanidad también son un autorreconocimiento a un sistema judicial lento, ineficiente, atemorizado, corrupto o nulo.
No es Colombia el primer país del mundo ni en la historia donde los crímenes se demoran en ser investigados y castigados, pero sí es desconsolador que sea un país donde el único hecho de justicia para muchos delitos de alto impacto es la declaratoria de lesa humanidad, en un acto casi de impotencia y desespero. Una declaratoria que por ahora solo abre asomos de esperanzas de justicia pero que no la garantiza.
La valiente periodista Jineth Bedoya, víctima de todo tipo de abusos por parte de paramilitares, lo acaba de decir en carta al Fiscal General: "¿La Fiscalía va a esperar que el caso esté a punto de prescribir para declararlo crimen de lesa humanidad? (…) ¿Un día antes de que prescriba como suele ocurrir con todos los casos que han sido considerados de lesa humanidad?
Hay muchas razones para que los delitos no se investiguen, se demoren sus procesos, o para que sus penas nunca lleguen: la habilidad de su factura, la ineficacia de los organismos de investigación y justicia, leyes deficientes, o la falta de voluntad política, entre otras.
El retardo de la justicia en los crímenes que se han venido declarando de lesa humanidad en Colombia, tiene una causa desesperanzadora para nuestro presente y futuro inmediato: varios de sus autores o sus intereses y proyectos políticos y delincuenciales están vigentes en la vida nacional, tapando su pasado y haciendo de las suyas en el presente con los mismos métodos violentos, amenazantes, de corrupción, o de mañas legales.
Por ahora soy pesimista con los resultados de las declaratorias de lesa humanidad. Es que estas derriban la barrera de la prescripción como forma de cesar la acción penal contra los delincuentes, pero no ponen un plazo -de eso paradójicamente se trata- para que los delitos se investiguen y sancionen; no son perentorias.
En ese entendido, esas investigaciones e incluso sus procesos son indefinidos, y pueden durar decenas de años, medios siglos y hasta siglos, llegando a casos que más que justos no pasan de ser simbólicos, como sucede con los octogenarios criminales de guerra nazis que solo casi por su cabal salud, buena vida y longevidad son capturados de vez en cuando, capturas consideradas por la opinión más un hecho curioso que un acto de justicia.
La justicia tardía siempre será injusticia, llegue cuando llegue. Por otro lado, el tiempo es uno de los factores más claves en el esclarecimiento de los delitos: cada minuto, día y año que transcurra luego de cometidos va materialmente imposibilitando el acopio de pruebas claras y contundentes, al margen de la prescripción legal que es una creación artificial.
Espero estar equivocado, pero con el actual sistema judicial y con la más que probada falta de voluntad política para reformarlo, al paso que vamos los crímenes atroces de Colombia tendrán casi todos la cómoda calificación de lesa humanidad, que no deja de evocar a Pilatos.
Queda la Corte Penal Internacional, que esperamos sea esa sí eficiente por neutral y alejada de temores nacionales. Pero también está por verse porque tampoco es la justicia divina, algo en lo cual también quiero equivocarme.