Ley de víctimas solución o migajas estatales

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Edgard Hernandez Murcia

Edgard Hernandez Murcia

Columna: Opinión

e-mail: edgarjafethm@gmail.com



La ley 1448 de 2011, conocida en el argot popular como la Ley de Víctimas o ley de tierras, es uno de los proyectos bandera del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es uno de esos proyectos que fue sacado adelante a fuerza de bancada en el Congreso y muy a pesar de las implacables y ajustadas críticas recibidas por sectores opositores y representantes de víctimas durante su estancia como proyecto en el honorable Congreso de la República.

Hoy en día convertida en ley y con grandes responsabilidades como sanar errores recurrentes e históricos de muchísimos gobiernos pasados, de pagar deudas históricas del Estado con miles de víctimas del conflicto y del despojo de tierras.

Es por esto que el gobierno en cabeza del doctor Juan Manuel Santos ha realizado un gigantesco despliegue de medios y publicidad para constituir a la ley 1448, como uno de los pilares fundamentales de su gobierno, claro que al hablar de despliegue de medios y publicidad estamos hablando eufemísticamente porque lo que en realidad ha hecho el gobierno es vender esta ley como un portento de ley, al punto que al defenderla a capa y espada de muchas de las acertadas criticas la gran mayoría de ella provenientes de destacados miembros de la academia, el presidente les contesta "vamos a defender esta ley de víctimas y de restitución de tierras, con alma, vida y sombrero", bueno con todo respeto señor presidente ajústese el sombrero porque las falencias de la ley son notorias.

Uno de los apartes de la ley en el que se perciben más debilidades es en el tema de las víctimas, y la problemática de exclusión de victimas que desarrolla, la ley establece en su articulado que la reparación tendrá un espacio de acción temporal sobre crimines acaecidos con posterioridad al 1° de enero de 1985, lo cual significa una exclusión evidente de las victimas de hechos ocurridos con anterioridad a la fecha en mención, esto es en mi opinión un completo despropósito, la ley señala y el presidente lo repite con frecuencia que la reparación integral es uno de los principios rectores de la ley, junto a verdad y justicia, yo me pregunto qué clase de reparación quiere significar el presidente cuando deja por fuera de la ley a miles de víctimas acreditadas del conflicto armado interno, según cifras de organizaciones en pro de los derechos de las víctimas, pero por supuesto que el gobierno aduce tajantemente que si serán reparadas todas las victimas solo que las de hechos ocurridos antes de 1985, serán reparadas simbólicamente, lo cual va en directa contravención de lo señala el principio de la reparación integral que establece en sus presupuestos que la reparación integral será la que incluya; indemnización, restitución, garantías de no repetición y satisfacción, acá habrá que decirle al presidente que aclare la cuestión porque no puede ir hablando de reparación integral cuando en muchos casos se va a limitar a reparaciones simbólicas.

Es en este punto donde la comunidad debe ser inflexible como dicen por ahí o todos en la cama o todos en el suelo, cero tolerancia con las posiciones intermedias que hacen ver bien al gobierno, pero perjudican enormemente a las víctimas, el gobierno tiene que hacer frente y plantear un solución a esta disyuntiva no se puede pregonar verdad, justicia y reparación por un lado y por el otro despojar de sus derechos a miles de víctimas que sufrieron atrocidades por razón del conflicto y que hoy se encuentran nuevamente una situación de lamentable abandono estatal, y este articulo no es más que un acápite de las múltiples problemáticas que presenta esta ley; el tema del despojo de tierras también presenta serias problemáticas, el desplazamiento que no fue desarrollado adecuadamente por la ley y en el que también se excluyen victimas, el contrato de transacción que ofrece el gobierno a las víctimas el cual raya en lo inmoral, y la falta de claridad respecto a la articulación de los entes territoriales frente a la ley, puntos álgidos del debate jurídico y político de esta norma de tanta trascendencia y que en otras oportunidades tratare de desarrollar.