El desprecio por la opinión

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Edmundo Jiménez Valest

Edmundo Jiménez Valest

Columna: El Hurón

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"No comparto lo que dices pero, defenderé hasta la muerte el derecho a decirlo" Voltaire

Pretender la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, coartar el derecho que tenemos todos los colombianos de opinar a cerca de los asuntos públicos en especial a aquellos que opinamos desde estas tribunas, es, ni más ni menos, intimidación, represión y autoritarismo, en otras palabras, censura. Constituye un desprecio por la opinión y lo público; es atentar contra los principios básicos democráticos.

Qué la Sala Penal de la Corte, que es hija de la Constitución Política de Colombia, producto de la democracia, se oponga a que los colombianos le cuestionen sus actuaciones antidemocráticas, como las acaecidas últimamente de querer sacar provecho en la fracasada reforma a la justicia, en la que el presidente de la corporación fue protagonista, donde se pretendía la ampliación de su período a 12 años y el aumento de la edad de jubilación a 70 años.

Eso es reprochable a toda costa. Los colombianos no podemos contestar con ese comportamiento anti -colombiano y por demás desproporcionado frente a todas aquellas personas que están peleando contra el Estado para que le reconozca, siquiera, una pensión mínima.

Entonces, ¿será que los colombianos no pueden opinar respecto el sospechoso retiro estratégico del magistrado auxiliar Iván Velásquez de la coordinación de la comisión que en la Corte ofreció muy buenos resultados en temas tan importantes como fue la parapolítica y, los cambios drásticos de jurisprudencias en los últimos tiempos que han favorecidos a muchos delincuentes que hasta hace poco tenían en la Corte un Juez implacable que no cedió a las presiones y la persecución? Ni más faltaba que no se pudiera hacer.

Esta clase de actos, nos preguntamos ¿No son sospechosos? ¿No tenemos derecho a sospechar? Claro que tenemos todo el derecho a hacerlo, como efectivamente lo hicieron las periodistas y columnistas Cecilia Orozco y María Jimena Dussan, hoy cuestionadas y denunciadas ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia.

A los miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte, deben entender y razonar, que no es con denuncia y demandas como se debe transitar dentro de la democracia, sino, con decisiones ponderadas acorde con los elementos culturales y políticos que vive la nación, en donde los colombianos la tomen como ejemplo, que en ellas se respire respeto al derecho Internacional Humanitario y, especialmente, el respeto al derecho fundamental de opinar, como lo afirma el Editorial del periódico El Espectador del 25 de Agosto de los corrientes: "Pero, ¿habrá un fiscal que pueda dar las garantías a que tienen derecho las columnistas para su ejercicio periodístico cuando la demanda proviene de las más altas instancias jurídicas del país"? Este es en parte el abuso de los magistrados, no solamente un desprecio por la libertad de opinar, el utilizar su poder en la justicia, para a través de ella, intentar abolir la crítica a sus actuaciones.

La actuación reprochable de los honorables miembros de la Sala Penal de Casación de la Sala penal de la Corte, de tratar de callar a la opinión nacional con denuncias, atenta contra el libre ejercicio del periodista, de opinar en Colombia; es querer, por medio de la intimidación, callar aquellas voces inconformes, que son bastante en este país, las últimas actuaciones de la Corporación, como lo afirma el editorialista aquí comentado, "La coincidencia entre este ataque a la libertad de prensa y el papel que el periodismo jugo para develar las intrigas de varios magistrados durante el penoso trámite de la fallida reforma a la justicia, buscando la ampliación de sus períodos y el aumento de la edad de jubilación, es también muy sospechosa".

Hoy la Corte le quiere decir a los periodistas como, de que manera y para quienes deben opinar; todo lo contrario, para ellos, es in contra la dignidad y buen nombre. A la Sala se le olvido la aplicación del derecho Internacional Humanitario en cuanto a los tratados Internacionales, sea aprobados o no, por el Estado Colombiano, en especial, los que mencionan la Carta de la OEA y Convenios de la ONU, respecto al desarrollo de la Libertad de expresión, que dice: "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el Poder Público".

La Corte, actuó lo contrario, cuando se viene lanza en ristre, amenazando con denuncias y demandas, como cualquier ciudadano de a pie, contra la opinión de los colombianos. Los miembros de la Sala, dan la impresión que les falta mucha lectura e interpretar la realidad del país. Hoy esta la moda, que los miembros del poder público no leen.

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