Diálogos de… ¿paz?

La reciente escalada de violencia, sembrando terror como único argumento y las complejidades para negociar con un grupo armado untado de narcotráfico, deben sopesarse.

Son 31 años de intentos fallidos y cambios, locales y globales, que ilegitiman la negociación con criminales de guerra que han violado el DIH. ¿Paz con impunidad?

La paz no puede ser a costa del ciudadano o la democracia. Sería regresar a la vieja discusión del "Estado ilegítimo", que debe dar "garantías a la insurgencia" y rehacer sus instituciones. Por ese camino, no se dará uno de los presupuestos del Presidente Santos cuando se impone un límite de tiempo para negociar el fin del conflicto. La "hoja de ruta" toca aspectos sensibles, especialmente para el campo.

Quizá, si se hubiera mantenido la política de Seguridad Democrática, podríamos estar aspirando a una rendición unilateral de las Farc y el Eln, sin ceder a las pretensiones de los terroristas. Pero hoy, con una guerrilla embalentonada y con pliego de demandas en mano, un marco legal generoso y sin garantías de verdad, justicia y reparación, las dudas acechan. Y ¿a cambio de qué? ¿Quién le explica esto a la sociedad rural?

Si hubiéramos aprendido de los errores del pasado, no volveríamos a la desgastada ruta de las negociaciones, cargada de trampas y discursos vacuos. Ni acudir a vecinos que han mantenido puertas giratorias en las fronteras para los terroristas y menos suavizar posturas de otros gobiernos frente al terrorismo, cuando todos son signatarios del Tratado de Roma. Habilitar un acercamiento, ignorando el dolor de las víctimas o soslayando el tema de la drogas, son circunstancias que afectarán el proceso.

¿Cómo comprender lo que está sucediendo? ¿Qué le hace pensar a los sectores urbanos -que nunca han sentido de frente la violencia guerrillera- que ahora sí es posible la paz negociada? Creo -aunque espero equivocarme- que, como Sisifo, volveremos a caer en el abismo. El hecho de que las Farc y el Eln hayan terminado por descender al fango del crimen organizado y el narcotráfico, hace injustificado este acercamiento. Pero, además, falible e inestable el proceso y menos confiables sus resultados, en caso de que viéramos la luz al final del túnel.

No somos extremistas sino escépticos. Lo importante no es negociar por negociar, sino saber para qué y cuándo. Ninguna negociación debería iniciar, sin que la guerrilla declare públicamente que abandona la toma del poder por las armas como objetivo y la combinación de todas las formas de lucha como estrategia. Hay que negociar cuando la guerrilla haya sido sometida militarmente y esté doblegada, como lo advirtió en propio General Navas.

Las Farc y el Eln son asesinos, secuestradores y extorsionadores, que reclutan niños, activan minas, vuelan pueblos y se enriquecen con dineros mafiosos. Aún así, esta sociedad parece dispuesta a tenderles, otra vez, la "salida política" y otorgarles un estatus, para que sus altos mandos, y sólo ellos, salgan del narcoterrorismo como héroes. ¿O acaso creen que todos sus milicianos -acostumbrados al crimen, el narcotráfico y su hermandad con lasBacrim- se van a desmovilizar?

Es más, ¿puede nuestra institucionalidad desenmarañar ese contubernio y manejar la "judicialización selectiva" de la que habla el marco jurídico para la paz? Llevamos 7 años tratando de hacerlo con los demovilizados del paramilitarismo y es pasmosa la lentitud que arrastran la verdad y la justicia. Apenas 2 condenas de 1.500 en espera y el carrusel de falsos testigos hacen agua la Ley de Justicia y Paz, para no hablar de los nulos alcances de la supuesta "reparación integral". El debate empieza, pero es claro que debe darse frente a la sociedad rural -que ha puesto los muertos en 50 años de violencia- sin engaños y sin falsas expectativas.