Las Asambleas Departamentales tienen la facultad legal de aprobar tasas y contribuciones, que no tengan el tufillo de impuestos.
La sociedad tiene toda la razón en estar molesta con la Duma Departamental, en estar airada e indignada ya que no quiere que se repitan las históricas y recientes experiencias de actos de corrupción donde administraciones anteriores le propinaron sendos raponazos al presupuesto y al erario público, generando con ello más pobreza y miseria al igual que inseguridad en todos los frentes.
En el futuro, sí la administración y la Asamblea Departamental quieren que sus propuestas sean aceptadas por la población, tendrán que socializarla de tal manera, que aquellos queden convencidos de su bondad y de la necesidad imperiosa de su aprobación y ejecución, de lo contrario será bastante difícil su aceptación y lo mirarán como otra patraña para recaudar fondos para los bolsillos de los gobernantes y sus cómplices.
Pero, la comunidad sigue teniendo la razón en rechazar tal "impuesto", así sea el mínimo valor que deban cancelar, amen si legitimaron la elección de su gobernante con una copiosa votación y escogieron, mediante el mismo procedimiento, a los miembros de la Duma Departamental pero, igualmente, eso no le da vía libre al gobernante ni a la Corporación a que espaldas de su pueblo, le aprueben más impuestos de los que ya tienen y que la gran mayoría paga sin ver los resultados prometidos. Ese es el gran problema.
El veto que la sociedad le ha colocado a esas contribuciones, no es por la renuencia al pago, sino es que, según ellos, constituyen un acto más de enriquecimiento del patrimonio de unos cuantos y del empobrecimiento de toda la gleba.
Por el otro extremo, la sociedad magdalenense sigue teniendo la razón, cuando manifiesta que es al Gobierno Nacional al que le corresponde aportar los recursos económicos necesarios para la seguridad y no al Departamento, ya que es el encargado de velar por el bienestar y la seguridad y preservar el orden público en todo el territorio nacional. Así lo prevé la Constitución Nacional de Colombia.
Para ello hay impuestos de carácter nacional que pagan todos los colombianos y que es recaudado por el sector central. La sociedad sigue teniendo la razón cuando manifiesta que es al Gobierno Departamental a quien le corresponde hacer las gestiones de la consecución de los recursos ante la Nación para poder empoderar a las autoridades policiales y militares que tienen el cuidado de los bienes, honra y vida de los ciudadanos magdalenenses.
Es él, quien tiene que ponerse la pilas en la consecución de los recursos, llámese nacional o internacional, para combatir todas las modalidades de delitos generados por la falta de presencia del Estado en todo el territorio del Departamento del Magdalena.
En cuanto sí el Gobierno Local utiliza o no de la mejor manera los recursos, hace ver de la responsabilidad que tiene el mandatario para con la transparencia de cara a la sociedad para la inversión social. Aquí el burgomaestre se está pifiando cuando, a esta altura de su mandato, no ha nombrado el Veedor por un decreto.
El veedor es una figura que tiene la complacencia de la Constitución y se encuentra regulada en el Estatuto Anticorrupción; no es un querer del gobernante, sino que es una obligación de hacerlo para que la sociedad se sienta representada cuando la inversión social del presupuesto se esté llevando a cabo.
El Gobierno Departamental le ha faltado responsabilidad en el cumplimiento de la Constitución y la Ley. Le asiste toda la razón a la sociedad magdalenense en protestar por la aprobación de ese nuevo impuesto que no se sabe para donde irán esos recursos. Le falta voluntad al señor gobernador, cuando ni siquiera nombra los veedores para la inversión del presupuesto social en cada una de las licitaciones.
Para que el gobernador pueda hacer cumplir lo que dijo en su campaña cuando aspiraba a ocupar dicho cargo, en el sentido de que su gobierno estaría amparado por la transparencia en relación a la inversión del presupuesto social, debe hacerlo bajo la vigilancia de toda la sociedad magdalenense. No para que lo espíe, sino para que reciba el beneplácito de que esas obras son las mejores y que durarán en el tiempo.
Este procedimiento legal y constitucional, no lo está llevando a cabo el mandatario, mientras que no se le diga con claridad a la sociedad para donde van a ser invertidos los recurso de los ciudadanos y quien los estará vigilando, que efectivamente allí se invertirán, seguramente que siempre va a encontrar resistencia en la aceptación de recaudar más recursos para cumplir con el Plan de Desarrollo Departamental. La sociedad tiene toda la razón en estar molesta con la falta de información y claridad.