Escrito por:
José Lafaurie Rivera
Columnista Invitado
e-mail: jflafaurie@yahoo.com
Twitter: @jflafaurie
Hace un par de años, esta sociedad alcanzó a soñar con la paz. Para entonces, el retorno de miles de productores al campo -inédito en 50 años de violencia- reconocía el éxito de la estrategia de Seguridad Democrática para reducir la criminalidad y la inminencia de la derrota del narcoterrorismo.
Hoy, cuando la violencia recrudece y desandamos a zancadas la senda, nos acosa una pregunta: ¿qué está pasando? Y es que difícilmente, compartimos el balance que presentó el gobierno esta semana en materia de seguridad.
La razón es una: ignorar el retroceso es facilitar el camino al crimen organizado, para poner a prueba cuantas veces lo desee, los fundamentos del Estado de Derecho.
Me pregunto si el mejor punto de partida, no sería llamar las cosas por su nombre y recabar en los errores que han hecho flaquear la confianza ciudadana, en la capacidad del Estado para resolver el narcoterrorismo.
Lo digo, porque resulta desconcertante el comentario, según el cual, sólo 37 municipios -donde habita el 4,6% de la población- soportan el 70% del terrorismo de las Farc y el Eln. No piensan así los ganaderos en diferentes regiones, que a diario manifiestan evidente preocupación. Además, la abstracción deja fuera al menos otros 500 municipios, donde el accionar de guerrillas y Bacrim es sostenido. Pero ahí no está lo peor. Ayer como hoy, el narcoterrorismo pone a prueba la sociedad, hostigándola para que se le otorguen prerrogativas judiciales, que lo pongan a salvo frente a la Ley.
Un informe del Centro de Seguridad y Democracia, sostiene que las Farc lograron permear 50 nuevos municipios al cierre de 2011, para un total de 155 en 23 departamentos, 31% más que en 2008. En 11 departamentos, más del 20% de sus municipios está amenazado por la guerrilla y en Arauca, Cauca, Caquetá, Putumayo y Nariño, más del 50% del territorio padece sus ataques.
Por otra parte, 406 municipios de 31 departamentos, reportaron presencia de Bacrim en 2011, un aumento del 57% en relación con 2008. Pero además, sostiene Indepaz, que en el último año se sumaron 46 nuevos municipios. Hoy los Rastrojos están en 247 municipios, los Urabeños en 211, las Águilas Negras en 112, Los Paisas en 103 y las Erpac en 45.
Existe una retoma territorial, en hermandad entre farianos, elenos y Bacrim. Un panorama que calza con el mapa de corredores y zonas para el cultivo y tráfico de narcóticos, que vuelve a padecer millones de habitantes en veredas y corregimientos, pero también en ciudades intermedias y capitales. Medicina Legal reporta 5.012 muertes violentas en las 31 capitales en lo corrido de 2012. Un clima enrarecido que mezcla la violencia de las calles, con la que crece en espacios privados.
Ignoro el subregistro, que para el caso de extorsiones es alto, de acuerdo con el observatorio de DDHH de Fundagán. Pero incluso las cifras del gobierno son alarmantes. No podemos envanecernos de una tasa de homicidios de 32,4 por cada cien mil habitantes.
En términos absolutos, en 2011 se registraron 111.705 muertes violentas, 4% más que en 2010. Somos el país más violento de América Latina. Del puesto 115 del Global Peace Index en 2007, descendimos al 144 en 2012, entre 158 naciones. Cerca de Afganistán, Irak o Pakistán.
Estas cifras nos devuelven a la pregunta inicial: ¿qué está pasando? Pero, además, ¿cómo vamos a afrontar el problema? Creo que las "puertas giratorias", el ambiguo discurso de la paz y los privilegios para los bandidos, hicieron lo suyo. Necesitamos corregir el rumbo.
El problema es que la credibilidad en las instituciones está herida de muerte -al decir de las encuestas- y los colombianos ya no le apuestan a una política desgastada. Aún así, tenemos fe, que la seguridad va de la mano de la Ley y la derrota del crimen, no negociando.