Colombia es a la vez el país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta y el de mayor vulnerabilidad. La Constituyente y los constituyentes de 1991 avizoraron la importancia que tendría hacia el futuro el desarrollo sostenible, al punto que se cuentan en la nueva Carta cerca de cincuenta artículos alusivos al mismo, empezando por su artículo 80.
La propuesta presentada por Colombia un año antes de la Cumbre Río + 20 tuvo en un principio una gran acogida, a falta de otra mejor; se trataba de acordar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a semejanza de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son ellos: la seguridad alimentaria, la energía, las ciudades sostenibles, las ciudades limpias y los océanos. Dicha propuesta le dio un gran protagonismo a la delegación colombiana, que llegó a abrigar la ilusión de que la misma se adoptaría de consenso. No obstante al final se aprobó, pero sin que se lograra un acuerdo sobre los objetivos específicos, como tampoco en el establecimiento de compromisos y metas. Es decir los ODM se quedaron en el enunciado, en la abstracción.
El Presidente Santos no ocultó su decepción al afirmar que "a Colombia le hubiera gustado mucho que hubiéramos avanzado más allá" y se trajo como premio de consolación que 'sí hay un acuerdo sobre el proceso' de adopción de tales objetivos, que apenas comienza. Y para rematar, el sórdido episodio del baldón gubernamental de la malhadada reforma a la Justicia le impidió celebrarlo.
No deja de ser pertinente la acotación del ex ministro del Ambiente Manuel Rodríguez, a propósito de lo que acontece en el país, en el sentido que "el compromiso expresado por Colombia con la Cumbre de Río + 20 y en pro de la protección ambiental y del desarrollo sostenible en estas negociaciones internacionales debería traducirse en políticas nacionales coherentes con la positiva postura adoptada. Pero este es un campo sembrado tanto de luces como de sombras". Y hasta la próxima cita.