Las incongruencias de la vida. Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de la República de Colombia gracias a su exitosa carrera pública, su lucha contra la corrupción y al respaldo de una coalición de mayorías liberales y conservadores. Pero ahora, que estaba haciendo meritos para repuntar su imagen y lanzar su campaña a la reelección, esos mismos congresistas se le convierten en una piedra en el zapato.
Más que una reforma a la justicia, es una contra-reforma política a los resultados alcanzados en los últimos años en la lucha contra la corrupción, y la relación entre política y grupos armados ilegales.
El cinismo de este acto vulgar fue mucho más allá, al pretender meter unos orangutanes en la reforma a la justicia para volver a delinquir como cualquier vulgar ladrón sin que puedan ser denunciados, difícilmente juzgados y mucho menos impedidos para volver a ocupar cargos públicos. Lo más grave de este delicado asunto, es que algunos magistrados de las altas Cortes que fueron beneficiados con la ampliación de su periodo de 8 a 12 años, guardaron silencio ante semejante despropósito. Con toda razón, en las últimas encuestas, estas instituciones han sido las peores calificadas por los colombianos.
La indignación de la ciudadanía ha sido de tal magnitud, que ya se está conformando un movimiento cívico nacional para revocar esta enmienda a través de un referendo. Deberíamos aprovechar esta coyuntura para impulsar una reforma constitucional que establezca un sistema unicameral. No tiene sentido que sigamos pagándole exagerados sueldos a 102 senadores que prácticamente duplican las funciones de los representantes de la cámara baja. La revisión y discusión de los proyectos de ley aprobados por esta cámara, podrían ser llevados adelante por parte de unas comisiones parlamentarias!
¿Qué les pasa a los congresistas colombianos? Tienen un sueldo envidiable aproximado a los 24 millones de pesos mensuales, trabajan solo de martes a jueves, se les paga un equipo de colaboradores (las llamadas Unidad de Trabajo Legislativo), tienen derecho a una prima de mitad de año y otra de navidad, se les garantiza esquemas de seguridad en sus casas y en todos sus desplazamientos, tiquetes aéreos nacionales e internacionales, servicio de telefonía celular gratuita, vehículos blindados, chofer, gasolina ilimitada y puestos burocráticos que les generan unos ilegales ingresos adicionales.
En síntesis, de acuerdo con los anteriores estimativos, un congresista le cuesta al Estado aproximadamente 85 millones de pesos mensuales y un poco más de 1000 millones anuales. Multipliquen por 270 congresistas y saquen la cuenta, si vale la pena mantener estos excesivos gastos.
Tres hechos por destacar en esta crisis política: La solidaridad de los medios de comunicación con los colombianos para rechazar esta reforma, el valor, la ética y moral de los 26 congresistas que se opusieron a avalarla y el sacrificio político del presidente Santos al objetarla y devolverla al Congreso.
Lamentable que los hermanos godos hayan participado y liderado esta reforma. La culebra de la politiquería sigue viva. No bajemos la guardia.