"Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas".
(Martin Luther King)
Es de resaltar que durante muchos años las fuerzas vivas del país han dado una ardua lucha por lograr una reforma a la justicia con la cual se buscaba ofrecer mejores condiciones sociales y administrativas a un Estado que se corroe por la inoperancia y la corrupción, pero ahora podemos observar que nada de eso parece concentrarse en la misma y esta no es más que un trasmayo en donde únicamente pueden pescarse inequidades sociales y beneficios desbocados para los de siempre, los mismos con las mismas, aquellos aforados que han esquilmado al erario y siguen ahí, -llamándose de una u otra manera-, derivando esos grandes beneficios personales sobre los cuales han cimentado sus vidas y sus carreras políticas.
Durante mucho tiempo, -y aún persisten por ahí voces desesperadas-, voceros del poder judicial y de las altas cortes mostraron su inconformismo frente a ese esperpento reformatorio y todo parecía indicar que se mantendrían erguidos en su posición, -que era coherente con la necesidad social-, pero, que va, terminaron por arrodillarse del todo y aceptar la colombina que les ofreció el gobierno, permitiendo que suprimieran el Consejo Superior de la Judicatura, a cambio de que les aumentaran su período a un término de doce años, sin importarle que el eliminar el ente administrativo no es mas que una pantomima por cuanto se creará otro, con las mismas funciones, el mismo o mayor presupuesto, y, -que vergüenza-, para hacer lo mismo: en fin vestirse de seda para seguir siendo marimonda y en medio de esas disléxicas y contrarias posiciones surgieron voces de magistrados que consideran que la ampliación del período no es más que contentillo, al igual que para algunos congresistas honestos se trata de un pacto de favores. Lo mismo ocurre con la eliminación de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes a la cual se le cambiará el nombre para seguir haciendo lo mismo, absolutamente nada.
Lo más vergonzoso de este escabroso y asqueroso tema se concentra en que esta cirugía política busca tirarle un salvavidas a muchos de los parlamentarios que están enredados e inmersos en líos con la justicia, al punto que se contempla en ese proyecto que estos, -los congresistas-, ya no podrán ser detenidos preventivamente como hasta ahora lo viene ordenando la Corte Suprema de Justicia, al igual que para denunciar a un congresista habrá que hacerlo personalmente y esta posición pudiera llegar a intimidar para hacerlo y, lo que es peor, si esta denuncia llegase a ser infundada o temeraria o las pruebas carezcan de la solidez requerida, el demandante deberá asumir los costos de la misma: además de lo anterior y acatando las exigencias de los parlamentarios incursos en procesos ante la justicia, se crea e introduce la doble instancia en su juzgamiento, un principio universal del derecho garantista, en el entendido que ellos se sienten arrinconados cuando son juzgados por los magistrados, aunque claro está que esta posición debilita un poco su condición de máximo juzgador y, como la tapa de la caja, ya no habrá pérdida de investidura inmediata y se deberá aplicar los principios de proporcionalidad y gradualidad y se incluirán sanciones diferentes, como, por ejemplo, la suspensión en el cargo.
Otra perla de la reforma consiste en darle facultades de jueces a los funcionarios administrativos y notarios, con el fin de descongestionar los juzgados, quebrantando el orden institucional por cuanto algunas de estas personas no tienen la preparación ni la formación como abogados y aquí se desnaturaliza la función de juez natural, aunque si recibirán unos honorarios que serán cancelados por las partes, previendo con esto que vamos camino a la privatización de la justicia y terminarán por imponerse aquellos que sientan el aditivo del dinero para poner en movimiento el operador judicial.