Hace bien el Gobierno Nacional en preocuparse por Santa Marta. En lo que va corrido del año la presencia de diversas autoridades y funcionarios nacionales ha sido notable en esta tierra, acompañando, escuchando y proponiendo estrategias para enfrentar una inseguridad que, aunque de muchos años, se recrudece en ciertas épocas como la actual, así tampoco se pueda comparar con situaciones más graves que hoy viven otras regiones y ciudades del país.
Santa Marta es una tierra difícil. Y si algún gobierno quiere remediar su situación debe comprender las problemáticas que la aquejan y conocer su historia y sus procesos. De lo contrario, jamás las medidas tendrán un impacto estructural.
La ubicación de la ciudad es el primer factor clave, y a ello se suma un rasgo social fermentado precisamente en las consecuencias de esa ubicación, en su proceso histórico y en su diversidad humana.
La riqueza geográfica de Santa Marta es también su debilidad: estar enclavada entre esa ruta al mundo que es el mar Caribe y una colosal montaña alta, extensa y sinuosa especial para ocultar todo tipo de actividades, la convierten en un apetecible lugar de refugio, salida y entrada de mercancías, sustancias y fenómenos delincuenciales.
Para ese comercio se requiere gente, a veces de la región y a veces de otras partes del país y del mundo, que por dedicarse a actividades non sanctas -por decir lo menos- y a la violencia misma, van dejando un sedimento social que se va adhiriendo con los años a las diferentes generaciones.
Dicho sedimento no se compone de delincuencia o violencia ni mucho menos, porque los samarios no son violentos ni son delincuentes. Por el contrario, es uno de los pueblos más pacíficos y tranquilos de Colombia. Se trata de un sedimento expresado en cierto descreimiento por las instituciones que poco han hecho por ellos, en escepticismo por los beneficios que trae cumplir las normas a cabalidad, y en pesimismo y desesperanza por tener la ciudad desarrollada e incluyente que con todo derecho se creen merecer.
Precisamente, ello ha hecho que la democracia sea tan precaria y sus resultados sometidos a numerosos vaivenes que parecen no terminar nunca, pues en Santa Marta y en el departamento del Magdalena la política -más que en el resto de Colombia- no es un sistema de gobierno sino un modo de vida para algunos, una empresa para obtener utilidades de sus ritos.
Santa Marta es quizá una de las ciudades -y capital- más informal de Colombia en variados aspectos, rescoldos del paso y estadía de grupos ilegales operando en la ciudad.
El trabajo es arduo pero posible, pues se trata, no solo de enfrentar una delincuencia abierta y otra soterrada, sino también de modificar una contracultura que por cierto no es de la mayoría de los ciudadanos, sino de unos pocos que con poder legítimo e ilegítimo la imponen en la dinámica de la ciudad.