Los distritos

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Escrito por:

Ricardo Villa Sánchez

Ricardo Villa Sánchez

Columna: Punto de Vista

e-mail: rvisan@gmail.com

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, para consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho, se pensó en generar condiciones de descentralización y autonomía administrativa y financiera en los municipios, distritos, provincias, departamentos y regiones.

Así algunos de estos entes, no puedan convivir en sus respectivos espacios y otros no se hayan formalizado o estén en funcionamiento, éstas fueron las formas constitucionales de constituirse como entes territoriales y como expresión de una realidad geográfica, política y social de nuestro país.

En ese sentido, por ejemplo, desde 1986, se implementó la elección popular de alcaldes y posteriormente, en la Constitución se incluyó la posibilidad de elegir a los gobernadores, se estableció un régimen de transferencias y de participaciones, de repartición de regalías y de distribución político-administrativa, entre otros asuntos, que por continuas reformas constitucionales y legales, quizás se han detenido en el tiempo. Desde hace un año en nuestro artículo El 'Chicharrón' de la Alcaldía de Santa Marta, hacíamos un llamado a la reorganización de la administración del territorio con la implementación de un Estatuto Orgánico del Distrito de Santa Marta. Hoy vemos que con el nuevo Gobierno Nacional va en camino.

En el pasado, habíamos avanzado con una legislación moderna, coherente en la que llevaban la bandera, entre otros, los Corpes regionales, las corporaciones autónomas, las alcaldías y hasta ciertos cambios legislativos como la Ley 768 de 2002 que estableció algunos elementos propios para los distritos, sin embargo, su eficacia y reglamentación en Santa Marta, quedó postergada.

Ojala que con este proyecto de reforma al régimen de distritos y con la incidencia y participación adecuada que tengan los parlamentarios del departamento del Magdalena, el Alcalde distrital, el liderazgo del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, entre otros samarios destacados, y de los diversos actores del territorio, se abra una oportunidad para que el Distrito de Santa Marta, salga de esta grave crisis social, administrativa, económica y política en que se encuentra, o si no la misma sociedad y la historia, se los demandará.

El pasado 25 de febrero, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, vino a Santa Marta a una correría con el ex ministro Jaime Castro, el Representante a la Cámara por el departamento de la Guajira Alfredo Deluque Zuleta, (Coordinador ponente de los proyectos de ley) y el consultor Héctor Riveros, a socializar entre los líderes sociales y comunitarios, los proyectos de reforma a los estatutos de los distritos, del régimen municipal y al régimen tributario de las entidades descentralizadas. Vargas, nieto de Carlos Lleras Restrepo, sigue la senda de su linaje, teniendo en cuenta que su abuelo, cuando fue Presidente de la República lideró la Reforma Administrativa de 1968 que puso en marcha, a través de amplios cambios legislativos, un modelo de gestión pública que aún está vigente. Le corresponde a este Gobierno, actualizar las líneas de planeación económica, manejo fiscal y presupuestal, uso de los suelos, procesos y procedimientos y de transformación en las estructuras del aparato gubernamental al mundo de hoy, a los cambios tecnológicos, a innovar en un sistema de información y de optimización de los recursos públicos, a continuar con el proceso de descentralización, desconcentración y de autonomía territorial, a las posibilidades de creación de nuevos distritos, de recibir de manera delegada la competencia en el manejo y control de la información catastral, de la concerniente determinación o modificación de los límites de los distritos, de la puesta en funcionamiento de los fondos de desarrollo local o de suscribir convenios o contratos, planes para implementar regímenes diferenciados, entre otros pertinentes asuntos.

La Ley orgánica de ordenamiento territorial, la restructuración administrativa en la Rama Ejecutiva del Poder Público, la superproducción normativa y la celeridad que ha mostrado el actual Congreso de la República, permiten prever que estos proyectos entrarán pronto en vigencia y cambiarán las estructuras de gobernabilidad tanto en el ámbito local como en el regional, dándole una mayor preponderancia, por ejemplo, al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. En ese marco, Santa Marta, deberá montarse en este nuevo tren del progreso, de cara por ejemplo, a la entrada en vigencia de los TLC con los Estados Unidos, con la Unión Europea, entre otras naciones, a la búsqueda de la estabilidad política, a la coherencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, a la seguridad jurídica, a la atracción de inversión nacional y extranjera y a la construcción colectiva de cohesión social o de confianza.

No es por nada que se piensa desde ya en que Santa Marta sea la capital del libre comercio sostenible, ojalá con ética y responsabilidad social empresarial. En esa vía, el compromiso es asumir su protagonismo histórico y generar condiciones de competitividad, dada su posición geopolítica estratégica, sus posibilidades de acceso a mercados internacionales y su capacidad instalada, para que con la administración y planeación eficiente, transparente y consecuente de la cosa pública, se lleven condiciones de bienestar, inclusión, equidad y justicia social a la población samaria.

Ese es el desafío de los actuales gobernantes en el marco de las inminentes reformas a la administración pública en el territorio y de convivir con una realidad sujeta de cambio. Considero que si y sólo sí arribarán a un puerto seguro en su proyecto político, si adecúan sus planes de desarrollo y sus dinámicas de gobernanza y de gobernabilidad, con los nuevos componentes propios de este régimen legal especial que ya carrilea en el Congreso y que se articula a un renovado sistema político, fiscal y administrativo independiente.

Su visión colectiva de desarrollo será medida en el futuro por el aceite de su capacidad y voluntad política de implementar un modelo garantista que genere inversión social y contribuya a la transformación del territorio a través de promover la participación ciudadana; el consenso entre diversos actores claves; el desarrollo humano desde la infancia y la adolescencia; la descentralización; las finanzas sostenibles; la innovación; el enfoque de equidad de géneros; la gestión del conocimiento y del emprendimiento hacia la productividad, las redes sociales de control y las alianzas inclusivas; y, más que todo, el respeto a los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de la sociedad en su conjunto, único camino para romper las trampas de la pobreza, la inseguridad y de construir colectivamente condiciones de armonía social que desaten las desigualdades existentes. Todo esto pasa por retomar la autoridad, el buen gobierno y llevar un mensaje de esperanza a la población samaria, articulado con la armonización y actualización nacional de la cosa pública.

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