Escrito por:
Alfonso Lopez Carrascal
Columna: Pedagogía Constitucional
e-mail: lopezcarrascal@yahoo.com
Más peligroso que una bala perdida es el error judicial que debe tener el sello de la impronta de acierto y más cuando el ente de justicia es un alto organismo judicial. La reciente nulidad decretada por el Consejo de Estado en relación a la elección de la Fiscal General de la Nación por parte de la Corte demuestra cómo el colegiado de nueve magistrados pudieron incurrir en error Judicial de interpretación de normas. Para la seguridad jurídica este fenómeno engendra un desacierto, bajo el supuesto de que a las Altas Cortes deben llegar juristas reposados envueltos en la imparcialidad y seguridad de sus decisiones.
La única persona que le podía atender era el capellán que mensualmente iba a la cárcel de Gorgona, una isla en el pacifico a más de 700 kilómetros de la costa y cuando terminaba la misa del penal se le acercaba y le explicaba que era inocente y por ser la única persona que lo podía ayudar en el continente judicial.
Así fue y cuando iban más de cuatro años de prisión, el sacerdote le habló de un prestigioso abogado que vivía en Bogotá y le consultaría su caso y efectivamente en unas vueltas que el sacerdote debía hacer en el Ministerio de Justicia en Bogotá habló con el abogado amigo doctor Flaminio Barrera y le contó el caso y este le dijo que solo un recurso de revisión ante la Corte era la vía adecuada por cuanto se podía tratar de una homonimia (nombre y apellidos iguales con el verdadero matador) y así fue y se inició el juicio de revisión y la Corte Suprema llego a la conclusión de que se trataba de una homonimia y fue puesto en libertad después de seis años. Al salir de la isla prisión, el gobierno únicamente le pidió excusas y nada más.
Hoy la privación injusta de la libertad es reparable patrimonialmente porque el Estado no puede abusar deliuspuniendi o derecho de castigar y por constituir un daño antijurídico. Como lo manda el Art. 90 de nuestra actual Carta Política y de ser condenada la Nación por la justicia contencioso administrativa, esta puede repetir o exigir el pago de la autoridad que produjo el daño siempre y cuando el funcionario haya actuado con dolo o culpa grave.
Otras veces el error Judicial proviene del análisis de las pruebas o de análisis de condena sobre la base del malabarismo de hacer conjeturas, sistema este alejado de la probática. La historia universal está llena de errores judiciales que han marcado el paso del Derecho y he aquí algunos: el juicio popular de Sócrates que por dos votos fue condenado a beber la cicuta; el mismo caso para nosotros los cristianos de Jesús de Nazaret que hasta el mismo Poncio Pilatos se lavó las manos como indiferente al acto de la condena a muerte de Jesús;el caso del coronel francés Dreyfus que fue llevado a la Isla Prisión de la Cayena francesa y rehabilitado después de diez años de prisión y cuantos más que pasan anónimos en el mundo a cada momento.
Es conveniente reforzar una pedagogía de evitar el error judicial en lo posible y repetir contra los funcionarios responsables de ese mal que tanto daño le causa a un Estado Social y democrático de Derecho. Es más, se debe erigir en delito distinto al prevaricato. No es posible entender que cuando las altas Cortes cambien sus posiciones temáticas esa posición toma el nombre de jurisprudencia pero cuando ese cambio lo hace un funcionario judicial de provincia se llame prevaricado. Ya es tiempo de afrontar esto con medidas enérgicas y que a la justicia vayan los mejores y no delincuentes o ignorantes vestidos de toga.