Ahora el gobierno anuncia nueva reforma pensional porque según su criterio el sistema colapsó y el régimen de prima media a mediano plazo es insostenible aducen que una persona que trabaja 20 años y disfruta de una pensión de 30 es insostenible, todo ha sido anunciado por el señor viceministro de empleo y pensiones doctor Mauricio Rivera.
No cabe duda alguna que de los criterios esbozados por el señor viceministro tienen necesariamente el beneplácito del señor Presidente de la República por ser éste como cabeza del ejecutivo quien imparte finalmente las directrices generales que deben asumir los Ministros en las diferentes carteras a su cargo.
En mis meditaciones siempre he llegado a la conclusión que en la rama ejecutiva del poder público colombiano existen funcionarios, incluyendo Presidentes de la República, inmersos en el mundo irreal de sobuso cuyo actuar no se ajusta a la realidad económica social de nuestro país, demostrando con sus actos flagrante irresponsabilidad ante la comunidad nacional como en efecto se pretende al aumentar la edad de jubilación de los colombianos de 60 a 65 años amparados en tesis ambiguas e inútiles fuera de contexto objetivo y lógico como el presunto aumento de vida de los asociados en la nación por los avances tecnológicos, cuando la realidad demuestra lo contrario visibles por ejemplo en el área de la ciencia médica con la carencia de insumos primarios para curaciones elementales en puestos de salud, como gasas o mertiolates, mucho menos de equipos modernos y costosos por lo que se llega a la inferencia inequívoca en que los asertos del ministro es falaz, tendenciosa, con atisbos de mala fe manifiestos.
Estos funcionarios falaces son peligrosos para la estabilidad social de la patria porque provistos del poder de turno que tienen sus investiduras llevan los destinos de la nación por caminos equivocados, desajustados por completo a la realidad económica y social imperante en el país, logrando con sus actos incentivar el marcado descontento social que repercute al fin de cuentas en la paz pública con afectaciones directas al bienestar y progreso de la nación.
Lo ideal sería bajar la edad para disfrute de pensiones en los colombianos de 60 a 55 años como era antes y en las mujeres de los 55 a 50, brindando de ese modo adecuada y pertinente aplicación al estado social de derecho pregonada en la carta magna, que prevalece sobre cualesquier otra consideración incluso sobre las concepciones esbozadas por el señor ministro aludido apoyadas por el capital imperante aglutinadas en la asociación nacional de industriales colombianos Andi así como entidades afines que desean extender aun mas los años de pensión haciéndola prácticamente impracticable al final en el bien preciado de la vida misma.
Se cuestiona mucho la erogación estatal por concepto de pensiones tasadas en 29 billones de pesos anuales, pero es un derecho adquirido legalmente con 20 años de servicios laborales y de puntuales descuentos de nomina por concepto pensional, en la cual el obrero abnegado con la esperanza del carbonero a cuestas no desfallece en sus esperanzas esperando una justa retribución en la vejez mediante sus mesadas pensiónales mensuales, en que su fuerza física y mental merma ganadas con suficiencia en el decurso de su vida oscilante.
¿Por qué arremeter entonces contra el sector poblacional de los pensionados incrementado la edad de 60 a 65 para el disfrute de la misma? es una buena pregunta en la cual no existe como respuesta un criterio unificado, mucho menos claro, que permita visualizar al ciudadano común y corriente las bondades y/o conveniencias de dichas reformas en este momento crucial del desarrollo histórico social que vive la patria colombiana.
Confieso finalmente, que me llama poderosamente la atención que el gobierno de turno centre su atención en las erogaciones estatales por pensión, mientras de otra parte ignora de manera olímpica los altos guarismos derivados de los altos salarios millonarios superior a quince millones mensuales que algunos funcionarios inmersos en el privilegio disfrutan, en la que debe señalarse como el saco roto de las finanzas del estado, unido a la rampante corrupción que se apropia del dinero de los contribuyentes, al igual que las costosas asignaciones presupuestarios de guerra en adquisición de modernos y costosos pertrechos militares, para continuar vertiendo sangre nacional a fin de cuentas en la confrontación absurda e inútil con seis décadas a cuestas.
Complejidades y paradojas tiene la vida, un país que merece mejor suerte sin lugar a dudas, visualiza ahora sobre su firmamento gris los atisbos negruzcos de reformas pensiónales abiertamente contrarias a la objetividad y razón diamantina que debe observarse, esbozados por el señor ministro con criterios de equidad, sostenibilidad, universalidad, de la cual se ha escrito con creces por diferentes tratadistas nuestros inmersos en consideraciones filosofales.