Es bien sabido que, como lo ha reiterado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, siempre que se tomen decisiones que los afecten, sean ellas de carácter administrativo, legislativo y con más veras si se trata de una reforma constitucional se impone la consulta previa a los pueblos indígenas.
Pues bien, resulta que es ahora, al expedir el Decreto 4923 "por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías", en los considerandos del mismo se asegura que "el Gobierno Nacional comprometido con la protección, el respeto y la garantía del derecho fundamental a la consulta previa…" había adelantado la consulta previa antes de radicar el proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo. Pero, no explica por qué procede la consulta previa para tramitar la ley y en cambio no procedía para tramitar el acto legislativo, cuando aquella es solo una consecuencia directa de este.
Al afirmar que "participó el 18 de julio de 2011en la Mesa Permanente de Concertación de las Comunidades Indígenas, donde se socializó el Acto legislativo 05 de 2011", deja en evidencia que consulta previa de este no hubo y que solo se limitó a su "socialización" y eso a posteriori. La consulta previa para el trámite de la ley no suple la consulta previa que ha debido surtirse para el trámite y aprobación del acto legislativo.
Y no estamos hablando de un simple formalismo santanderista, es que "como lo ha señalado la Jurisprudencia, la omisión de la consulta previa es un vicio de forma que se proyecta sobre el contenido de la medida legislativa respectiva y que, por tanto, puede viciar la constitucionalidad de un acto legislativo".