La CSJ y la CIDH se rajaron hasta el 2011

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Escrito por:

Jorge Caicedo Correa

Jorge Caicedo Correa

Columna: Opinión

e-mail: jcaicedoster@gmail.com



La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había condenado al General ® del Ejército Jaime Alberto Uscátegui a 40 años de prisión por presunta responsabilidad en la masacre de Mapiripán, Meta, caso llevado a la Corte Internacional de los Derechos Humanos CIDH, pero oh sorpresa, tenemos a un General de la República, condenado a morir en prisión por unos falsos muertos, desconociendo la Corte Suprema de Justicia que el Batallón París responsable del área, estaba agregado operacionalmente a una Brigada Móvil. Esto es por la falta de una Justicia Penal Militar que conoce de las responsabilidades administrativas y operacionales de las unidades castrenses.

Lo más aberrante es que hay narcoterroristas de las Farc haciendo daño al Estado dentro de los falsos muertos indemnizados por el Estado, el General preso y el colectivo de abogados del caso gozando de los dineros del fraude.

El 31 de diciembre esa siniestra organización terrorista Farc asesinó a la esposa del capitán Alejandro Claros, su hijo un bebé de 8 meses y le hirió a su otro hijo de 4 años. El Capitán quedo herido también.

Dentro del marco de las posibilidades, pudieron ser cometidos los asesinatos por los integrantes de las Farc. Falsos muertos, financiados con el dinero que su colectivo de abogados en una forma descarada le quitó al Estado.

Las ONG de izquierda consideran: Palabras textuales "los actos de la subversión son maniobras de 'oposición (política) armada' que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora". ¿De qué será que nos están emancipando? Si la sociedad colombiana los rechaza.

Al capitán Alejandro Claros de acuerdo con estas ONG, le quedará un triste recuerdo o padecer histórico del fin de año del 2011.

El general ® Jesús A. Arias C., el coronel ® Alfonso Plazas Vega y otros militares se encuentran privados de la libertad, esperando que durante el año 2012 se encuentre la luz al final del túnel y salgan a la libertad, por la presunta desaparición de 11 personas que un convicto, de secuestro extorsivo, detenido con un arma de un policía asesinado en Nemocón y un carro robado; René Guarín lideró una farsa y las vio salir vivas del Palacio de Justicia el 7/11/85.

La voz cantante en la televisión que las reconocía públicamente fue el guerrillero del M-19, compañero de los asaltantes y verdaderos asesinos René Guarín a pesar de que varios sobrevivientes lo desmientes, voy a traer dos ejemplos así:

Primero, su hermana Cristina Guarín que él dice reconocerla en el vídeo pero la ascensorista María Nelfi Díaz en cinco oportunidades y en los juzgados ha expresado que es ella la que sale en hombros de un soldado y no Cristina, además el sepulturero del cementerio reconoce a la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia Cristina como la mujer que él inhumó.

Segundo la presunta desaparecida que reconocen Lucy Amparo Oviedo, en el vídeo de la televisión la secretaria Nubia Stella Hurtado se identifica en la escena saliendo viva: dice; esa soy yo no Lucy Amparo, esa falda es mía.

El procurador Jesús Villabona Barajas confirmó que tres de los desaparecidos no salieron con vida,

El 24 de febrero del 2010 Radio Caracol confirma el hallazgo de cuatro cadáveres de los desaparecidos en el laboratorio de antropología de la Universidad Nacional, con esto de los once quedan dos.

El cadáver de Ana Rosa Castiblanco se entregó con las pruebas de ADN y que al identificar el cadáver del magistrado Pedro Elías Serrano en el laboratorio de Antropología se confirma lo declarado por el coronel Plazas que Norman Constanza Esguerra está enterrada en la tumba del magistrado.

Queda desaparecida y es correcta la investigación de la desaparición de la guerrillera Irma Franco y dejando en claro, que no se justifica ejecuciones extrajudiciales ni los conceptos atroces de las ONG proclives a las Farc.

Para terminar vamos a analiza la sentencia del año 2004. La Corte Internacional de los Derechos Humanos CIDH, condenó al Estado por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia ocurrida en 1987. Esta masacre, la cometió otro grupo delincuencial competencia en el acto delictivo, grupo ilegal rival, mal llamado; grupos paramilitares.

Las Farc y las autodefensas, han combatido por el control de las rutas del narcotráfico, y cuando estas las controlan las Fuerzas del Estado se unen para su siniestro propósito. Inclusive se han matado entre ellos mismos.

Lo incomprensible del fallo de la CIDH es porque la justicia colombiana halló a los culpables y los judicializó, luego no tienen competencia, la justicia transnacional se aplica cuando la nacional no funciona y además al Estado le queda difícil por no decir imposible brindar seguridad a personas al margen de la ley en su accionar delictivo porque su actividad es clandestina.

La responsabilidad penal es individual, la justicia no se puede politizar y el juez o fiscal que le preste su corazón o su ideología prevarica.