Tierra en disputa

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Alberto Carvajalino Slaghekke

Alberto Carvajalino Slaghekke

Columna: El Arpa y la Sombra

e-mail: [email protected]

Las investigaciones publicadas recientemente bajo diferentes modalidades, sobre el tema de la tenencia de la tierra en Colombia, concluyen que este sigue siendo un problema sin resolver.

Así mismo, señalan que es uno de los factores de mayor incidencia en la inequidad social que hoy presenta nuestra sociedad. No es gratuito ni sorprendente, que Colombia sea el segundo país en América (del sur, del norte, continente americano) con el mayor nivel de concentración de propiedad de la tierra.

En el Magdalena, como en los demás departamentos de la Región Caribe, la sociedad vivió los últimos veinte años bajo un manto de pánico, producto de una política delincuencial de expropiación violenta de la tierra por parte de grupos armados al margen de la ley. Otras investigaciones también demostraron que esos grupos delincuenciales, para poder operaren la forma en que lo hicieron, necesitaron ser apoyados por instrumentos estatales que se diseñaron para 'fortalecer la democracia' mas no para privilegiar intereses privados.

Producto de esa connivencia, miles de campesinos salieron expulsados de sus propiedades y llegaron despavoridos a las ciudades a engrosar las estadísticas de desempleo y por extensión las de la pobreza.

El despojo de la propiedad privada es en esencia un proceso violento, mientras que el proceso de despojo de la propiedad pública, la que cobija a los bienes comunes, es por el contrario un proceso ligado a la corrupción y a otra dimensión de la connivencia, pero es también brutal y sanguinaria.

Las amenazas y los asesinatos son fórmulas históricamente presentes en esos actos criminales. Quienes vivimos en Santa Marta, sabemos que la historia reciente del Parque Tayrona está ligada a actos violentos que reflejan la fricción de los intereses antagónicos encontrados en ese espacio.

Hace unos días leíamos en la prensa de Santa Marta que el director del Parque Tayrona viene sistemáticamente siendo objeto de amenazas. En el artículo se mencionan como causas los procesos administrativos que adelantan los funcionarios como consecuencia de las funciones propias de sus cargos.

Es una situación en extremo preocupante para la sociedad civil que ve cómo una institución, que actúa en concordancia a la ley, es amenazada en cabeza y vida de sus funcionarios por medio de un mecanismo bajo, cobarde y deleznable, que tiene por objeto amilanar a los seres humanos que solo cumplen el elemento básico de nuestra sociedad: la ley.

Me pregunto si la Institución Parques Nacionales Naturales tiene la capacidad de proteger a sus valientes funcionarios. Me pregunto si la directora, desde la comodidad de su despacho, ¿ha implementado un plan para proteger a su funcionario y familia? Me pregunto si el funcionario ha recibido la protección de las autoridades de la ciudad.

Me pregunto si los funcionarios se sienten protegidos y cobijados por el Estado al cual pertenecen o si por el contrario descubren que las instituciones son lejanas e impersonales a pesar de pertenecer a ellas. Los autores de las amenazas son en esencia delincuentes y retan al Estado.

Demuestran en su actuar que no poseen argumentos para generar un debate civilizado basado en las leyes, por ello recurren al derecho de las bestias: la fuerza.

La ciudad y el país debe entender que en este caso se trata de un proceso basado en el rescate de lo que pertenece a todos y también a los que aún no han nacido; por ello, estos hechos no deben pasar desapercibidos y así como se reaccionó en contra de la construcción de hoteles en el Parque, se debe sentar una voz de protesta con mayor fuerza y valor cívico.