¡En agua sin agua! Se llenó, o mejor, también, se vació la tasa. Ya es demasiado que en un mes cuatro capitales colombianas hayan tenido y tengan largos cortes en el suministro de agua.
Las emergencias de Manizales, Villavicencio, Riohacha y Cúcuta tienen que provocar una acción inmediata liderada por el Gobierno Nacional, y ojalá por el propio Presidente de la República, para que se haga un estudio serio del riesgo que corren todos los acueductos del país, y se tomen de inmediato las medidas necesarias.
Y solo estamos hablando acá de cuatro capitales que prenden las alarmas nacionales, pero en Colombia -país de riqueza hídrica única aunque a veces loca- son numerosos los municipios, poblados, veredas y barrios que constantemente están sufriendo por la interrupción del líquido vital.
No se puede negar la incidencia del fuerte invierno en este drama, pero no siempre es así, y si lo fuera hay que enfrentarlo ya. Blindar los acueductos, todos, es una urgencia inaplazable. Sin menospreciar a las demás, me pregunto sí se han analizado seriamente los riesgos de quedarse sin agua que pueden tener ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, por mencionar las más populosas. La tragedia nacional sería mayúscula.
Hay múltiples entidades en diversos ámbitos territoriales, de variada naturaleza y con diferentes funciones, encargadas de las etapas del proceso de suministro y de la calidad del agua que consumimos los colombianos. Se debe empezar por revisar, clarificar y reasignar funciones y responsabilidades, para evitar que se presenten diluciones y acusaciones mutuas como hemos visto en los últimos días, mientras los sedientos ciudadanos sumisos hacen filas con improvisados recipientes frente a los carrotanques.
Son varios los llamados a responder en este maremágnum institucional: alcaldes y gobernadores, primeros responsables políticos; los directos implicados como el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y las empresas prestadoras directas del servicio; además de otras entidades relacionadas o causantes de los daños.
Pero son tantos, y el problema tan grave, que es el Presidente de la República el llamado a liderar un proceso de clarificación de funciones y responsabilidades. Así lo amerita una problemática que se está volviendo crónica, y que de agravarse puede tener penosas consecuencias de orden público y de salud.
Hay que hacer un estudio detallado de cada acueducto del país, grandes, medianos y pequeños, sin importar el prestigio de la entidad responsable directa. Ninguna puede quedar por fuera para evitar suspicacias y para generar mayor tranquilidad. Dicho estudio, que debe ser uno solo, tiene que consistir en la evaluación de cada acueducto en todos sus componentes -de la fuente al grifo-, su estado y sus riesgos, y conllevar inmediatamente al diseño y ejecución de un plan maestro nacional de acción que implemente las medidas preventivas y de reparación que arroje el análisis.
Debe ser ya. El Estado no puede permitir que por negligencias, por actos irresponsables e incluso por hechos difíciles de prever, se sigan presentando estos cortes. El agua es un servicio público absolutamente esencial y es deber del Estado garantizar su prestación continua y de calidad. Lo de Manizales y Cúcuta fue (y es aún) vergonzoso, y por el mismo camino van Riohacha y muy seguramente otras ciudades si no se inicia ya una inmensa operación nacional.