La última vez que se elaboró una política pública dirigida al financiamiento del sector agropecuario en Colombia fue en 1990, en el gobierno de Cesar Gaviria.
Para esa época, se instituyó un marco legal (Ley 16 de 1990) que estableció un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario -SNCA-, integrado por la Caja de Crédito Agraria y Minero, el Banco Ganadero, Banco Cafetero y los fondos ganaderos del país; cuya labor era coordinar, elaborar y definir dicha política, bajo la administración de una Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA- presidida por el Ministro de Agricultura. Además, se creó Finagro (un banco de segundo piso con orientación sectorial) y el Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-, que respalda los créditos de los productores que no tienen garantías ante la banca.
Debido a que los bancos oficiales fueron privatizados y los fondos ganaderos debilitados por las malas administraciones, en 1999, el gobierno Pastrana decidió liquidar la Caja Agraria y crear un banco de primer piso especializado en el sector agropecuario, que hoy conocemos como el Banco Agrario de Colombia. Hoy, el SNCA está reducido al Banco Agrario y Finagro.
Para poder fondear el crédito de fomento agropecuario, administrado por Finagro, la banca privada es obligada a colocar 6 pesos (por cada 100 captados), en Títulos de Desarrollo Rural -TDA-, emitidos por Finagro.
Esos recursos, que suman alrededor de 5 billones de pesos anuales, son captados por Finagro a una tasa promedio de la DTF-2,86%(EA) y luego los coloca a la banca a una tasa promedio de la DTF +1 (EA), quedándose con una intermediación. Finalmente, los recursos son colocados al productor a una tasa promedio de la DTF +8 (EA).
Lo injusto de este sistema, es que exime al Banco Agrario de la inversión forzosa, no le exige un porcentaje mínimo de colocación de crédito de sus exigibilidades y lo tiene sentado en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, tomando decisiones que lesionan la competencia. Y peor aún, lo concibe ineficiente y corrupto.
Legalmente, el Banco Agrario hace parte de la CNCA y conforma la junta directiva de Finagro. ¿Pero qué tan sano es para el sistema de crédito agropecuario esta situación ventajosa? Creo que es hora que el Gobierno Nacional, la Junta Directiva del Banco de la República y la Superintendencia Financiera, tomen medidas urgentes para corregir este despropósito.
El actual sistema de Crédito, necesita un replanteamiento profundo concertado entre Gobierno, gremios de la producción y banqueros para encontrar una estrategia que permita tener un sistema de financiamiento más acorde con las necesidades del país, con visión empresarial y de administración de riesgos, de tal forma que conlleven a la innovación, liderazgo rural y buen manejo de los recursos naturales.
Es increíble que en Colombia el Banco Agrario se demore entre 9 meses para aprobar y desembolsar un crédito, que de 28 intermediarios financieros solo seis, coloquen el 90%del crédito al sector. Ello sin estimar los costos financieros en que incurren nuestros agricultores antes del estudio de viabilidad del crédito.
Señor Ministro, necesitamos urgente un sistema bancario ágil que tenga todas las líneas básicas de financiación que los productores del campo necesitan para sus inversiones y pagos.
P/D: Ayer me enteré que la Fiscalía requirió a 22 empleados del Banco Agrario por haber otorgado unos préstamos sin garantías y viabilidad financiera a unos floricultores de Bogotá. Ojalá también requieran al actual Presidente, por haber aprobado y desembolsado miles de millones de pesos en créditos subsidiados a proyectos que supuestamente carecen de viabilidad técnica y ambiental.