De ciertas normas estúpidas

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Francisco Galvis Ramos

Francisco Galvis Ramos

Columna: Contrapunto

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La gran maestra de la vida, que es la experiencia, suele desnudar la existencia de ciertas cosas inverosímiles, como algunas normas legales que en sí mismas comportan tal grado de sin razón, que invitan a la rebeldía para que sean abolidas o modificadas.

Colombia padece de cierta hidropesía legislativa propia de países culturalmente atrasados y las hay vigentes para todos los gustos, disgustos, necedades y necesidades y en su mayoría no sirven para nada y pocas apuntan a algo verdaderamente útil, faltando entre las bien enormes una que regule en detalle el viejo, conocido y socorrido uso de andar a pie.

Una de ellas tiene que ver con la exigencia de libreta militar como requisito indispensable para acceder a empleos y universidades. Por gracia la Corte Constitucional se ocupó en estos días de, al menos, ponerle coto a las ignominiosas redadas de la Fuerza Pública destinadas al enganche periódico de reclutas, que la patria necesita sí, pero en las condiciones de mesura que demanda el respeto por la dignidad de las personas.

La aludida norma no debería ser talanquera para nada, imponiéndose su reforma y, en cambio, implantar la formación militar básica, obligatoria para todos, en los grados décimo y undécimo de bachillerato, manteniendo de esa manera preparada buena parte de la reserva y que toda la tropa activa que se necesite tenga entrenamiento profesional y goce de los estímulos indispensables para ir con previsible éxito a los frentes de combate y no al sacrificio inútil, como con frecuencia ha solido ocurrir.

De resto, que la juventud esté libre de la aduana de la libreta militar para incorporarse al torrente de la economía aportando brazos e inteligencias al desarrollo del país, lo mismo para ingresar a las instituciones de educación superior a adquirir las competencias que exige el logro de ciertas metas en una sociedad cada vez más exigente y competitiva.

Adicionalmente hay otra regla, entre muchas, que establece el retiro forzoso del servicio público a los 65 años de edad, salvo que se trate de cargos de elección popular, ministros y embajadores, cosa que no se compadece con los buenos índices de desarrollo humano alcanzados, ni con la extensión de las fronteras de las expectativas de vida, ni tampoco con la tendencia a incrementar las edades de jubilación y, sin ser exhaustivo, ni con los temores expresados sobre la insuficiencia de las cajas para el pago de las pensiones futuras.

Si acaso los países del primer mundo podrían darse el lujo de derrochar ese capital humano, tanta sabiduría y tanta práctica acumuladas, que aquí tempranamente se echa a los desagües con el solo hecho de mantener vigente una norma que, como rige, acusa desuetud y cuyo tope hay que ampliar.

Si no, mírense algunos casos lamentables de ciudadanos que, llamados a colaborar por los nuevos gobernantes, han tenido que declinar la oportunidad de prestar sus calificados servicios porque, según la ley y nada más que la ley, están a punto de entrar a la edad prehistórica en la que supuestamente no se raja ni se presta el hacha.

Y ni hablar del peluquín con las resoluciones absurdas que obligan a pagar peajes por el uso de carreteras en construcción o sencillamente deterioradas y carentes de mantenimiento o tasas en aeropuertos en obra negra.

Tiro al aire: desde luego que tratándose de acumular normas legales estúpidas, faltaría agregarle a las mencionadas y a otras más, una que mande a los hombres a usar sombreros y a las mujeres ligueros para salir a las calles.

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