El crimen de las Farc

Columnas de Opinión
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Escrito por:

José Lafaurie Rivera

José Lafaurie Rivera

Columnista Invitado

e-mail: jflafaurie@yahoo.com

La reciente invitación del Presidente Santos, para abrir algún camino hacia la negociación del conflicto armado, no pudo recibir una respuesta más cobarde de parte de las Farc.

La masacre de los uniformados, no sólo descorazonó la construcción del marco constitucional de Justicia Transicional, sino que echó por tierra las pretensiones de algunos sectores de la opinión pública, que insisten en presentar a las guerrillas como rebeldes a sabiendas de que no son más que criminales.

Por enésima vez, estamos delante de la verdadera cara de los victimarios y nos estremece preguntar si puede haber un proceso de paz con perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

No es la primera vez que lloramos a nuestros muertos o nos rasgamos las vestiduras por la indolencia y la infamia de las guerrillas contra los secuestrados, sus madres, esposas e hijos. Condenaron en vida a ciudadanos colombianos a ser devorados por la selva, aniquilaron su futuro y sus sueños por más de una década y finalmente los ultimaron a mansalva, indefensos y por la espalda.

Un horror que no ha dejado de atormentarnos, incluso en todas las coyunturas en que esta sociedad, muy generosamente, accedió a dialogar sin recibir nada a cambio, salvo más terror e indignación.

Entonces, vuelvo a preguntar ¿qué es lo que vamos a "negociar" a cambio de décadas de dolor, vejámenes y burlas? ¿Qué vamos a entregar en contraprestación por las miles de víctimas de masacres, extorsiones o minas antipersonal, de las vidas destrozadas de nuestros secuestrados o del aparatoso retraso del campo?

¿Cómo justificar el discurso bizantino de mano tendida, con una horda terrorista que arremete con una barbarie demencial e incongruente con las propias causas que dice reivindicar?

Reconozcamos, de una vez por todas, que la historia ha demostrado que la estrategia del diálogo nunca sirvió ni servirá para hacer posible la paz en Colombia. No porque hayamos sido incapaces de abocarla como sociedad, sino porque la propia guerrilla envileció y deshumanizó el conflicto y despreció los gestos de apertura que se tendieron desde el gobierno del Presidente Belisario Betancur.

El exitoso pulso de la estrategia militar en la lucha frontal contra la guerrilla, debe sugerirnos algo. Han sido nueve años en los que el campo ha resucitado, en que miles de ganaderos -víctimas por antonomasia de las guerrillas- han podido volver a producir sin el terror a cuestas. Años en que los asesinatos, secuestros y extorsiones disminuyeron ostensiblemente.

Años en que logramos configurar el monopolio de las armas para el Estado con una superioridad sin precedentes, que ha permitido desmantelar de manera irreversible a esa organización terrorista. Entonces ¿Por qué menguar el combate frontal si ha mostrado resultados, más aún si una rendición incondicional parece inviable, como lo hicieron saber Cano y ahora Timochenko?

El "nuevo plan de guerra" que están diseñando los generales parece más aconsejable, que el ambiguo discurso de abrir la puerta de la paz y otorgar prerrogativas políticas a desmovilizados que cometieron crímenes de guerra.

Necesitamos proteger los derechos humanos y caminar en pos de la nueva legislación que los tutele. Un escenario que constriña las posibilidades de los terroristas e inste la liberación de los secuestrados y la dejación de las armas como un acto de rendición unilateral, fruto del reconocimiento de la inferioridad militar de las guerrillas, de su derrota moral y de la ausencia de una justificación plausible para un conflicto éticamente inaceptable.

Esta sociedad no puede ser inferior a su responsabilidad histórica. No queremos más tomas de Patascoy o Las Delicias. No queremos más campos de concentración en medio de la selva, ni más ajusticiamientos. Pero tampoco queremos más Caguanes. Son verdades de apuño, que pasan por demandar al Estado, al Gobierno Nacional y a sus fuerzas Militares que sigan cumpliendo sus obligaciones constitucionales de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de nuestra nación.

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