La violencia ha sido un fenómeno que ha estado inserto en la historia de la humanidad desde las primeras formas de organización social conocidas.
En nuestras sociedades, aún llamándose democráticas, identificamos diversos tipos de violencia que van desde formas sofisticadas o sutiles hasta las más agrestes o mortíferas.
Hoy tenemos mayor número de conflictos violentos en el mundo y al mismo tiempo existe un amplio rechazo a este tipo de acciones en declaraciones formales y públicas.
Recientemente en Ciénaga se desarrolló una asonada supuestamente con el propósito político de una reclamación electoral.
Es de esperarse que los que recurren a la violencia definan la situación en la que se encuentran como muy adversa para sus intereses y sin posibilidad de modificarla a través de vías políticas pacíficas.
En el caso de los hechos violentos ocurridos en Ciénaga, se ha construido un falso discurso que supone no solamente culpabilizar a los adversarios del conflicto generado, sino atribuirles también una serie de rasgos y características que justifiquen el recurso de unas acciones que, en principio, son moral y socialmente condenables. Además de estos factores, existen otros como los de despersonalización de los contradictores y la valoración asimétrica del sufrimiento que han sido puestos de manifiesto contra personas inocentes.
Sin embargo, como fue difundido por diferentes medios de comunicación, los actos llevados a cabo por grupos de amotinados desdicen de una clara motivación política. Los saqueos contra algunos establecimientos comerciales y el apedreamiento de casas o el intento de linchamiento de personas específicas (entre estos, candidatos y periodistas) manifiestan una evidente contradicción entre la presunta motivación y los hechos ocurridos.
Es decir, se diluye cualquier pretensión política en medio de actos eminentemente vandálicos y hasta criminales.
Sorprendió la declaración dada a los medios de comunicación radial por parte del gobernador del Departamento del Magdalena, el general (r) Manuel José Bonett Locarno, cuando afirmaba a la opinión pública que tenía información por parte de los organismos de seguridad del Estado sobre la llegada de gente de otros lares (profesionales del delito) para sumarse a la perturbación del orden público en Ciénaga.
Mucho camino existe entre este tipo de actuaciones y lo que sociológicamente es considerado como una revuelta popular. ¿Quién o quiénes pasaron tarjeta de invitación a este tipo de facinerosos?
Una asonada es considerada como un tumulto, un desorden, una algarabía, un motín, un disturbio, un levantamiento, cuyas razones pueden tener un origen múltiple. Ocurre cuando la gente, en forma espontánea y tumultuaria, exige violentamente a las autoridades establecidas la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones.
La asonada es considerada por el Código Penal Colombiano como un delito (de tipo político) contra el régimen constitucional imperante (rebelión, asonada, sedición) y, por lo tanto, puede ser condenable con varios años de prisión.
Cosa distinta es la rebeldía y de resistencia de la gente ante una sucesión de gobiernos que han venido usufructuando los bienes públicos para beneficio personal o familiar. La gente en Ciénaga está hastiada de malos funcionarios que muchas veces no gobiernan sino que esquilman los bienes públicos. Y en el caso cienaguero se ha hecho notorio el desgaste que han venido padeciendo ciertos personajes de la política. Parte de esto podemos encontrar en la asonada ocurrida recientemente en Ciénaga.
No existe respeto ni confianza por quienes nos han gobernado. Y la calle ha sido siempre el escenario desde el cual la gente común y corriente vigila las actuaciones del poder dentro de una sociedad o comunidad. Por eso a veces la calle simboliza para el pueblo raso un espacio de libertad, de molestia y reclamo. Pero es también (como ocurrió en Ciénaga) un espacio incontrolado en el cual operan personas con fines retorcidos y criminales.
La historia de la violencia y de la criminalidad, por lo tanto, es una historia de las relaciones entre el poder institucional y la gente del común a través de la mediación del derecho, como norma y como práctica. Es precisamente en el complejo sistema de valores y antivalores donde radica el origen de la violencia tanto individual como social.