En el campo de las posibilidades, era perfectamente posible, pero lo que menos me podía imaginar era que el genio de la lámpara que intentaría desaparecer la cabra, fuera el propio Juan Manuel Santos, con la ayuda de su Ministro del Medio Ambiente.
Salió el Ministro a decir que el proyecto estaba muerto; y en el segundo acto, salió a tratar de enmendar la metida de pata y dijo que los desarrolladores tenían derecho a presentar el proyecto, pero que era inconveniente, pero que si lo hacían, iban a tener que pasar unos rigurosos escrutinios.
Señor procurador Ordoñez, me parece a mí que estas declaraciones podrían dar para sanciones por abuso de poder. Muy respetuosamente le solicito una investigación de oficio tanto de la actuación del presidente Santos como de su perlado Ministro.
Leyendo entre líneas, lo que dijo el ministro Pearls, fue: Ya decidimos que el proyecto no va. Pero si insisten, le vamos a poner muchas trabas, y dicho sea de paso, al Presidente ya no le gusta, o sea, que es inconveniente.
Dígame usted, señor Procurador, en un país tan presidencialista como Colombia, ¿quién en su sano juicio quiere echarse de "adversario" al Presidente? ¿Podría acaso aplicarse aquí el dicho de que sus deseos son órdenes?
Pues no debería ser así en un país que se precie de ser un Estado de derecho, y no una de las tantas republiquetas bananeras como las que pululan en el vecindario.
Procurador, usted que es un hombre de leyes, puede entender fácilmente que en las referidas actuaciones, se podría estar actuando por fuera de la ley; máxime cuando es claro que los funcionarios públicos, cualquiera que sea su envergadura, solo pueden hacer lo que les es expresamente autorizado por la ley.
Las declaraciones del Ministro, contienen amenazas sutiles con el asunto de las licencias y requisitos. No solo eso, también generan suspicacia porque sugieren que el proyecto se iba a hacer obviando algunos requisitos ambientales.
Los samarios que apoyamos el proyecto, tenemos claro, que debe haber un cumplimiento estricto de todos los requisitos de ley. No vamos a permitir que haya un daño al ecosistema, y si el proyecto va, no puede dañarlo, o mejor que no vaya.
Sin embargo, esta es una determinación que no debe hacerse a priori sino que forma parte del proceso de viabilidad y estudio que debe acompañar a este proyecto.
Pero lo realmente importante aquí, no es que vaya o no vaya el proyecto del súper hotel. Lo importante aquí, es que tanto Presidente como Ministro tocaron algo que es sacrosanto en cualquier estado de derecho: la seguridad jurídica.
Me asalta la duda, de si hay personas por encima de la ley en Colombia, y que por lo tanto, el solo parecer o deseo del Presidente Santos, se convierten en base legal para cambiar las reglas de juego.
Me pregunto si este impromptu presidencial-ministerial es una hoja inédita del Bestiario Tropical, o el comienzo de un nuevo capítulo. Obviamente, no es el acto salvaje de los dictadores de trópico sino el acto de una bestia mucha más sofisticada, pero bestia al fin y al cabo.
Cuando los inversionistas están considerando invertir en un país, hacen un estudio de riesgo, y uno de los aspectos más relevantes es el tema de las instituciones y el de la seguridad jurídica. Lo sucedido con el tema del súper hotel, con toda seguridad disparó las alarmas de los analistas que monitorean constantemente las condiciones macro del país.
Este impromptu equivale a deshacer con la izquierda lo que se hace con la derecha. Por un lado queremos atraer inversión directa extranjera, pero por otro lado enviamos señales de que invertir en Colombia, es una aventura de alto riesgo porque el solo parecer del Presidente tiene poder de veto. De aquí a la tan temida expropiación solo hay un "articulito" de distancia.
Por esto señor Procurador General, es que su intervención es fundamental para disipar cualquier duda que pudiera haber surgido sobre la seriedad de nuestro sistema legal. Tenemos que abrir las ventanas para que se evapore el tufillo pestilente de republiqueta bananera que ha dejado este lamentable incidente.
Al margen de lo que suceda con el proyecto del súper hotel, o con cualquier otro proyecto a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, nuestra seguridad jurídica es sagrada y no debe tocarse ni con el pétalo de una rosa.