El abuso de la detención preventiva

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Escrito por:

Alfonso Lopez Carrascal

Alfonso Lopez Carrascal

Columna: Pedagogía Constitucional

e-mail: lopezcarrascal@yahoo.com



El Sistema Penal Acusatorio nace y se erige como un sistema eminentemente garantista y muchos jueces de garantía sin mayores conocimientos constitucionales y legales son dadivosos en estar repartiendo detenciones preventivas llenando las cárceles, a costa del contribuyente. Valdría la pena una fuerte cirugía del sistema carcelario en Colombia, en la que el trabajo no sólo debe ser una forma de redención para el penado sino para todos y el producto del trabajo repartirlo para la familia de la víctima, el Estado y el propio interno. Como una forma de acabar con el ocio carcelario, convertir al interno en un trabajador que produzca.

Entretanto se abusa de la medida de aseguramiento y por el hecho de tener antecedentes (Art. 248 de la Constitución Política) o de simples anotaciones judiciales, se le niega la libertad así exista la duda o falta de elementos materiales o evidencias para efectos de una razonada inferencia. En el proceso penal lo que se debe estudiar es si se ha dado el delito y quiénes son los autores y partícipes, y no estar averiguando si tiene antecedentes penales o anotaciones judiciales, porque la política del gobierno anterior fue volver a imponer la teoría del peligrosismo penal, ya que estaba superado en Colombia y de usancia a mediados del siglo XX cuando Gutiérrez Anzola era ministro de Justicia, en que una persona pro tener perfil de indigente se le privaba de la libertad porque se presumía su peligrosidad. Al paso que vamos no habrá presupuesto alguno para el sostenimiento de las cárceles cuando las hemos convertido en centros para postgrados en el delito, debiendo acudir a otras formas alternativas de sanción o pena. Todavía tenemos la herencia española que si el delito no lleva a la persona a la cárcel hay impunidad.

La libertad es la regla general y la prisión la excepción, pero aquí invertimos las reglas de carácter constitucional que nos gobierna. La detención preventiva no es condena, pero más del treinta por ciento (30%) de los internos del país son personas que no han sido condenadas. Y volviendo al problema de los antecedentes y anotaciones eso debiera ser circunstancia genérica de mayor punibilidad, pero no para cortar la libertad de una persona y si queremos copiar el sistema penal anglosajón, la libertad es la regla general y la prisión la excepción y para eso existe el sistema de cauciones graduales que impongan al asegurado esperar el fallo. No podemos permitir que el delincuente de bagatela siga creyendo que la cárcel es su morada porque allí, tiene techo, servicios y alimentos. Olvidamos también que constitucionalmente nuestro Derecho Penal es de acto y no de autor y ya es tiempo que los señores jueces de garantía miren hasta donde el peligrosismo por antecedentes o anotaciones debe constituir una excepción de constitucionalidad, como tampoco por falta de arraigo se le niegue la libertad a una persona, cuando lo que interesa es que haya delito y juicio de responsabilidad.

Debemos rendirle respeto al sistema oral penal pero no que sea un semillero de abusos si no queremos que colapse. Y otra cosa que incide es que si a los fiscales le hemos quitado muchas de las funciones jurisdiccionales y que en el pasado también fue objeto de abusos, hoy esos fiscales investigan a los jueces, sea de garantía o del conocimiento. Triste es decirlo que la nueva ley de seguridad ciudadana (Ley1453 de 2011) siga matriculada en el peligrosismo penal cuando habla de "peligro" para la comunidad", y de paso a un Derecho Penal de autor que no tiene soporte en nuestra Carta Política (Art.29 C. Política). Pero más grave que muchas de esas detenciones son privaciones injustas y luego viene la demanda por reparación contra la nación y otro chorro de plata. Acaba el Tribunal Administrativo del Magdalena de dictar sentencia condenando a la nación -Fiscalía - Rama Judicial por una privación injusta y acudiendo al bloque de constitucionalidad, le impone a la Fiscalía y a la Rama Judicial que en una ceremonia pública se le pida perdón al ex interno y se ordenen su publicación en las páginas web de dichas entidades.

Todo eso nos debe llevar a pensar y en especial al nuevo Ministro de Justicia con la ayuda de los expertos y la Academia se le haga una fuerte cirugía al sistema penal colombiano para evitar abusos como el que se denuncia.