Bienvenido señor Ministro

Columnas de Opinión
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Escrito por:

José Lafaurie Rivera

José Lafaurie Rivera

Columnista Invitado

e-mail: jflafaurie@yahoo.com

Los anuncios del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dieron en el blanco en dos de las grietas que están resquebrajando los resultados en materia de seguridad: el primero, mantener una política unívoca para derrotar a los violentos.

Y, en segundo lugar, la urgencia de mejorar el bienestar de la Fuerza Pública. Un propósito que pasa, según sus palabras, por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar. ¡En hora buena! Son los fundamentos para restablecer el estímulo de nuestros hombres en armas y un mensaje para narcoterroristas y sectores de la sociedad, que piensan que la criminalidad no puede ser derrotada.

No soy de los que cree que el desánimo de la Fuerza Pública, sea porque la cúpula esté comandada o no por un marino.

Por supuesto, si el Ejército lleva el mayor peso de la guerra, cuánto mejor que el más sobresaliente de sus generales, asuma la responsabilidad del comando general de las FFAA. Pero el problema no está allí. Sino en la base, en aquellos que están en el frente de batalla y ven cómo sus compañeros de armas, después de una operación exitosa, son acusados por las ONG que se mantiene al acecho y juzgados por la justicia ordinaria, sin el apoyo de una defensoría técnica judicial que les garantice su derecho al debido proceso.

Hablemos claro. Hoy asistimos a la derrota moral de quienes tienen que empuñar las armas, para proteger a una sociedad indiferente. Casos como el del general Plazas o el del capitán Romero Padilla, o unos más recientes, como los del coronel Mejía Gutiérrez o los diez militares en Antioquia, cuya condena a 30 años de prisión por un supuesto "falso positivo", fue revocado por el Tribunal Superior de Medellín, empiezan a ser emblemáticos de la destorcida ideológica y judicial que ronda a la Fuerza Pública.

Son casos que han desnudado las imperfecciones del aparato judicial y las irregularidades procesales, con las que se decide el destino de los involucrados. Montajes, violaciones en la cadena de custodia, omisiones, falsos testigos y pruebas, manoseo político del algunas ONG y, especialmente, el conflicto de competencias jurisdiccionales, entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, están habilitando tribunales, que no aseguran el derecho al debido al proceso o una defensa técnica.

Y es que en Colombia ha vuelto a hacer carrera el argumento de la imposibilidad de la derrota militar de la guerrilla y los mismos sectores que han vendido esa idea, han aupado una guerra política y judicial contra la Fuerza Pública. Estrategia que está inclinando la balanza y dándole un respiro a los alzados en armas.

Hoy, detrás de cada operativo militar, están los autodenominados defensores de derechos humanos, prestos a empapelar y poner en la picota pública a militares y policías. Y, lo más grave: son retirados de la institución, antes de que se produzcan los fallos.

¿Puede la Fuerza Pública vencer la criminalidad en estas condiciones? La respuesta es no.

Y ellos lo saben. Por esos sus adláteres hacen eco a inconvenientes procesos de paz, al ritmo que incrementa la guerra política y judicial con la tesis de que la guerrilla no se puede derrotar.

¿Qué pueden estar pensando los militares de Antioquia, cuando su vida casi se convierte en una pesadilla de 30 años de prisión y ven que sus falsos acusadores son hoy los potenciales beneficiarios de una paz negociada? Señor Ministro, adelante sin vacilaciones.

Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos y lo hará de la mano del Fuero Militar. No olvidemos que las guerras se ganan en el corazón de los soldados.

 

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